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No es algo que se diga con frecuencia, pero legislar mucho, técnicamente mal y/o cambiar continuamente la ley aplicable no solo es incómodo para los juristas sino que en mi opinión es algo con consecuencias bastante más serias, contrario al Estado de Derecho y notablemente antidemocrático.
Para tener una democracia fuerte es imprescindible contar con un sistema de checks and balance, controles y equilibrio, real y operativo, de modo que las diversas instituciones ejerzan su función con independencia, seriedad y eficacia. Al actuar así dentro de su ámbito de actuación, cada organismo e institución ocupa su propio espacio, lo que significa que impide a otras que colonicen ese espacio (singularmente los partidos políticos, como hemos denunciado en reiteradas ocasiones), y cada una controla y limita el poder de las demás. Un delicado pero muy necesario equilibrio de poderes. Es un tema muy comentado en el debate público.
Pues bien, hay otro sistema de checks and balance importante para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho, mucho menos tratado, y que tiene que ver con el concepto mismo de cómo se forma el ordenamiento jurídico. Obviamente, el ordenamiento de la ley, en el sentido general de la norma expedida por el poder legislativo, como principal fuente del Derecho. Pero no todo es ley, ni el ordenamiento se configura solamente por la ley. O no debería.
Las leyes en España cambian continuamente, normas esenciales, troncales, son modificadas una y otra vez, a veces incluso pocos meses después de su promulgación. La Ley Concursal, de 2003, ha sido modificada 28 veces. La Ley de Enjuiciamiento Civil, de 2000 ha sufrido 55 modificaciones (una media de más de tres modificaciones anuales), el Código Penal, 30 veces desde 1995, la Ley General Tributaria 16 veces desde 2003, etc. La Ley del Impuesto de Sociedades es de finales de 2014, ha sido modificada 13 veces y el plan normativo del gobierno para 2018 indica que la va volver a tocar…y anuncia además 287 nuevas leyes.
Esta falta de fijeza de las leyes no significa solamente una enorme molestia para los juristas. Las leyes, una vez en vigor, acaban siendo interpretadas por los tribunales y en especial por el Tribunal Supremo, que es el que crea la jurisprudencia. La jurisprudencia es la doctrina que de modo reiterado establece este tribunal al interpretar y aplicar la ley, y complementa el ordenamiento, como dice el artículo 1.6 del Código Civil.