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Respuesta:
Los Estados han adquirido el compromiso de hacer valer los derechos humanos al firmar y ratificar tratados de derechos humanos y apoyar otros compromisos internacionales. Tienen que cumplir con ese compromiso asegurándose de que las leyes, políticas y programas –incluidos los relativos a la salud sexual y reproductiva– están basados en los derechos humanos y hacen valer la igualdad de género y los derechos de la juventud. Además, los Estados deben garantizar que se respetan y protegen principios fundamentales de derechos humanos como el derecho a no sufrir discriminación, violencia ni coacción y la libertad de creencias y de expresión.
A fin de cumplir plenamente con el compromiso de hacer valer el derecho de todas las personas a la salud sexual y reproductiva sin sufrir discriminación, coacción ni violencia, los Estados deben tomar determinadas medidas en todos los niveles del gobierno y las instituciones. Los defensores y defensoras de los derechos sexuales y reproductivos que trabajan en instituciones oficiales, en coaliciones de promoción y defensa y otras organizaciones no gubernamentales y en las comunidades locales pueden hacer rendir cuentas a un Estado por sus acciones.
Los Estados deben tomar de inmediato medidas para:
Garantizar rendición de cuentas y reparación a todas las víctimas de abusos contra los derechos humanos, hayan sido perpetrados por agentes estatales o no estatales.
Encargar a las instituciones nacionales de observación de los derechos humanos, así como a los órganos reguladores, que vigilen las violaciones de derechos sexuales y reproductivos y atiendan las denuncias, y asegurarse de que tienen la capacidad necesaria para hacerlo de manera efectiva.
Aplicar programas que garanticen que todas las personas reciben información científicamente exacta sobre la sexualidad y la reproducción y pueden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, especialmente programas de educación sexual integrales, exactos y basados en los derechos humanos para personas de todas las edades, tanto dentro como fuera de los centros de enseñanza.
Aplicar leyes, políticas y otras medidas concretas para garantizar que todas las personas, en particular las mujeres, las niñas y la gente joven, están facultadas para tomar libremente y con conocimiento de causa decisiones sobre su sexualidad y su vida reproductiva, lo que incluye abolir la leyes y políticas que menoscaban la igualdad de género.
Revisar y reformar la leyes, políticas y directrices que castigan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, incluidas las leyes que penalizan las relaciones homosexuales.
Garantizar el acceso universal a servicios completos de salud sexual y reproductiva y orientación e información a todas las personas, haciendo hincapié en particular en las mujeres y los jóvenes.
Garantizar que las personas pueden utilizar la ley para hacer valer sus derechos sexuales y reproductivos e interponer recursos por las violaciones de estos derechos.
Brindar, especialmente a la gente joven, oportunidades de participación significativa e igualitaria en la priorización, planificación, ejecución y seguimiento de los programas y políticas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos.
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