Respuestas
Respuesta:
espero te sirva por fa si te sirvió dame una coronita
Explicación:
por J. Emilio Graglia
Especial para HDC
El gran bonete es un juego para niños. Esa es la primera y principal diferencia con la gestión pública. La gestión de un gobierno y una administración pública (tanto nacional como provincial o municipal) no es un juego y tampoco es para niños. En la actividad, los participantes forman una rueda. A cada uno de ellos se le asigna un color: blanco, negro, etcétera. Al centro de ubica “el gran bonete”. La clave del juego es que al gran bonete se le ha perdido algo (un ‘pajarillo’ en la versión tradicional). El juego se inicia cuando el gran bonete dice: “Al gran bonete se le ha perdido ‘un pajarillo’ y dice que negro (o cualquier otro color) lo tiene”. Entonces, se desarrolla el siguiente diálogo:
- Participante: ¿Yo señor?
- Gran bonete: ¡Sí señor!
- Participante: No señor
- Gran bonete: ¿Entonces quién lo tiene?
A continuación el participante identificado con el color negro dice “el blanco” (o cualquier otro color). El participante identificado con el color blanco pregunta ¿Yo señor? Y se repite el mismo diálogo. Así sucesivamente hasta que responde un participante que no tiene el color mencionado y pierde.
En la gestión pública, paradójicamente, el gran bonete no son los gobernantes sino los gobernados. El gran bonete no son los “representantes del pueblo” sin el pueblo, los representados, los habitantes o ciudadanos que sufren la inseguridad o el desempleo, para enumerar los dos primeras necesidades insatisfechas de la Argentina actual que emergen de cualquier encuesta de opinión pública. A ellos se les ha perdido la calidad de vida deseada y están preguntando quién o quiénes tienen la responsabilidad de resolver los problemas públicos que impiden u obstaculizan satisfacer aquellas necesidades sociales. Las respuestas son varias.
El gobierno nacional responde que la responsabilidad es de la oposición, incluyendo a los opositores tanto políticos como sindicales y empresariales, a los que califica de “buitres” porque piensan distinto. A su vez, los opositores dicen que la responsabilidad es de la presidenta Cristina Fernández y que ellos nada tienen que ver con la realidad que denuncian, como si nunca hubieran gobernado o como si nunca hubieran apoyado al gobierno kirchnerista. A diferencia del juego, donde pierden los participantes, en este caso, siempre pierde el gran bonete, o sea, los integrantes de ese pueblo que sufren la violencia de los homicidios, robos o hurtos, las suspensiones o los despidos.
¿Todos contra Mestre?
El intendente de Córdoba ha sido imputado por defraudación calificada a la administración pública. También fueron imputados quien fuera Secretario a cargo del transporte y quien lo es actualmente: Juan Pablo Díaz Cardeilhac y César Ferreyra, respectivamente, junto con Juan Carlos Romero, el dueño de una de las empresas prestatarias del servicio. La imputación ha sido hecha por el fiscal Gustavo Vidal Lascano y ahora debe resolver el juez Ricardo Bustos Fierro. Según la imputación, la empresa de Romero ha cobrado subsidios nacionales correspondientes a la empresa municipal Tamse (residual) gracias a una declaración jurada del Intendente.
Sin dudas, el Intendente, los funcionarios (tanto el actual como el pasado) y el empresario son inocentes hasta que una sentencia firme decida que son culpables. Dicho en otros términos, desde el punto de vista judicial, se debe presumir la inocencia y no la culpabilidad de los imputados. Esta es una regla elemental que debe respetarse y vale tanto para los funcionarios como para cualquier ciudadano argentino. Ahora bien, en política como la argentina donde el beneficio propio deriva del perjuicio ajeno, es necesario despolitizar el proceso judicial en marcha. Esto vale para los opositores y también para los oficialistas.
Los opositores deben actuar prudentemente. Nadie duda que esta imputación judicial daña la imagen pública del intendente Mestre. Porque ya no se trata de la denuncia de un Concejal opositor como Daniel Juez sino de la imputación de un fiscal de la justicia federal de Córdoba. La repercusión negativa sobre la confianza de los vecinos respecto a la gestión mestrista no puede minimizarse. Pero los opositores no deben caer en la tentación de capitalizar políticamente esta circunstancia desgraciada para el mestrismo gobernante. Por encima de la pelea política, deben valorar la gravedad institucional que esto tiene para una ciudad como la capital cordobesa.