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El clientelismo político es un intercambio extraoficial de favores, en el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral.[1][2] Los politólogos Cas Mudde y Cristóbal Rovira Kaltwasser lo definen como «un modo particular de intercambio entre grupos de electores y políticos, gracias al cual los votantes obtienen bienes (pagos directos o acceso privilegiado a empleo, bienes y servicios, por ejemplo) a condición de que apoyen a un patrón o partido».
En un sistema de clientelismo, el poder sobre las decisiones del aparato administrativo del Estado se utiliza para obtener beneficio privado; el patrón —sea directamente un funcionario, u otra persona dotada de suficiente poder como para influir sobre los funcionarios— toma decisiones que favorecen a sus clientes, y que estos compensan con la perpetuación en el poder del funcionario implicado o de su entorno. La relación puede fortalecerse mediante la amenaza de utilizar esa misma capacidad de decisión para perjudicar a quienes no colaboren con el sistema. Resulta paradigmática, a este respecto, la habitual relación entre los principales medios de comunicación comerciales y privados, y los principales partidos cercanos a cualquiera de los más importantes organismos de poder, fenómeno particularmente característico de sistemas con fuerte consolidación o predominio de situaciones de bipartidismo. En general, los sistemas clientelares aparecen donde la necesidad de integrar rápidamente un elevado número de participantes a un sistema político sin tradición organizativa lleva al desarrollo de sistemas de mediación informal entre la acción estatal y las necesidades de las comunidades.
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espero sirva
Explicación:
Se llama clientelismo político o simplemente clientelismo al manejo selectivo de los recursos del Estado por parte de algunos funcionarios, favoreciendo a los intereses de terceros (sus clientes) a cambio de apoyo electoral. Se trata de un intercambio no oficial de favores, que está tipificado hoy en día como una forma reconocible de la corrupción.
Así, el clientelismo favorece intereses privados mediante los recursos públicos, inclinando la balanza a su favor en decisiones administrativas, fallos judiciales, concesiones, licitaciones, etc. A la vez, estos funcionarios corruptos suelen emplear el poder adquirido mediante la práctica clientelar como una forma de castigo, para perjudicar a los que no respondan a sus intereses o se opongan al sistema.