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A nivel global, la Argentina se posiciona número 29 por la cantidad de inmigrantes en su territorio y número 124 por el porcentaje de inmigrantes. En su mayoría, llegan personas de Paraguay, Bolivia y Chile, de acuerdo con el informe de ONU .
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Argentina ha cambiado su política migratoria, pasando de un modelo de referencia regional que afirmaba la migración como derecho humano, a un paradigma de control y exclusión que asocia la migración al delito y a la inseguridad ciudadana.
La ley de migraciones sancionada en Argentina en el 2003 y reglamentada siete años más tarde, representó un gran avance respecto de la legislación anterior, heredara de la última dictadura militar. La legislación se transformó en una referencia internacional, al reconocer la migración como un derecho humano y garantizar a los inmigrantes derechos educativos, sanitarios y laborales sin importar la condición reglamentaria en que se encuentren. A pesar de esto, en enero de este año, el presidente Mauricio Macri sancionó un decreto que modificó sustantivamente este marco jurídico, revirtiendo o suprimiendo algunos de sus aspectos más significativos.
Organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de un importante número de organizaciones de migrantes, consideraron el nuevo decreto presidencial “una iniciativa que no respeta los derechos humanos” y lo calificaron como una “política regresiva”. La reforma impuesta por el presidente argentino dilata el plazo necesario para acceder a la ciudadanía nacional, amplía las causas de denegación y de cancelación de residencia en el país, así como amplía las de expulsión, debilita el derecho de defensa, y extiende o acelera notablemente las posibilidades de detención de migrantes sujetos a un trámite de expulsión.