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En 2017 la investigadora Irene Álvarez Rodríguez fue contratada para formar parte de un proyecto colectivo sobre la respuesta ciudadana a la violencia y la fragilidad institucional. El grupo de nueve investigadores del proyecto decidió estudiar Michoacán, uno de los estados centrales en la guerra contra las drogas y la política de militarización de la seguridad interna en México. Durante seis meses Álvarez Rodríguez vivió en Costa Sierra, una región caracterizada por sus problemas de integración con el Estado, además de haber tenido problemas con organizaciones criminales.
La respuesta de esta población ante la violencia fue crear cuerpos de autodefensas, comités de seguridad donde se tomaban decisiones a nivel colectivo sobre temas de seguridad comunitaria, explicó la académica de la Universidad del Claustro de Sor Juana, y agregó que, una de las primeras cosas que hay que aclarar cuando se habla de la guerra contra las drogas, es entender que es una guerra por motivos económicos, no ideológicos.
Los actores que están en pugna porque están tratando de maximizar ganancias, señaló la investigadora, y reiteró que, el crimen organizado es una red de complicidades entre el Estado y criminales, por lo que se puede hablar de criminales públicos (estatales) y criminales privados.
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