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La iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional (1991)plantea: promover mayor justicia y libertad para los campesinos, impulsando la capitalización del campo, la modernización tecnológica y dando seguridad en la tenencia de la tierra.
En la práctica, implementa medidas que permiten la privatización y enejenación de la propiedad social (tierras ejidales y comunales), la concentración de tierras (desde 2 mil 500 hectáreas de riego hasta 20 mil de bosque)por parte de corporaciones civiles y mercantiles, lo cual implica de hecho el restablecimiento legal del latifundio, argumentando luchar contra el exagerado minifundismo y la falta de eficiencia, modernización y capitalización. Se finaliza legalmente el reparto de tierras. Todo esto haciendo caso omiso de las condiciones reales de confrontación desigual entre las diversas clases sociales del campo, así como de los campesinos con la burguesía agroindustrial, que implican, para el caso de Chiapas, el uso frecuente de la violencia: