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En su redacción original, el texto constitucional de 1821 contaba con 58 artículos, distribuidos en siete capítulos.1
El Capítulo I se refería a la Provincia y expresaba que Costa Rica estaba en absoluta libertad y posesión exclusiva de sus derechos, que sería dependiente o confederada de otro Estado americano al que le conviniera adherirse y que reconocía y respetaba la libertad civil, la propiedad y demás derechos naturales y legítimos de toda persona y de cualquier pueblo o nación.
El Capítulo II versaba sobre la Religión e indicaba que la de la Provincia era y sería siempre la católica, con exclusión de cualquiera otra, aunque indicaba que si un extranjero de otro credo llegase a Costa Rica por motivos de comercio o tránsito, no sería molestado, a menos que intentase hacer proselitismo.
El Capítulo III se refería a los ciudadanos. En reacción al racismo de la Constitución de 1812, se atribuía la ciudadanía a todos los hombres libres naturales de la provincia o avecindados en ella con cinco años de residencia. La suspensión o pérdida de los derechos ciudadanos se regiría por lo dispuesto en la Carta de Cádiz.
Proclama de la Libertad
El Capítulo IV trataba del Gobierno, que estaba confiado a una Junta de Gobierno provisional, integrada por siete vocales de elección popular. Este sistema perduraría hasta que se estableciese la Constitución del Estado a que Costa Rica se adhiriese.
El Capítulo V regulaba la elección de los miembros del gobierno, que debía efectuarse mediante el sistema de sufragio universal indirecto en cuatro grados utilizado para la elección de Diputados en la Constitución de 1812. Se disponía además que los electores de partido discutirían el Pacto para eventualmente modificarlo y sancionarlo, y que su determinación sería una ley interina fundamental de la Provincia.
El Capítulo VI se refería al órgano de gobierno, que se denominaba Junta Superior Gubernativa de Costa Rica y debía residir tres meses al año en cada una de las cuatro poblaciones mayores de la provincia.
El Capítulo VII versaba sobre las restricciones del Gobierno, e indicaba el modo de exigir responsabilidades a la Junta y sus vocales, mediante un tribunal de residencia.
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