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Sólo en 2011 se produjo el fallecimiento de casi 300.000 personas como consecuencia de 302 desastres, y 206 millones de personas sufrieron sus efectos. Más allá de la pérdida de vidas humanas, se calcula que el coste de los desastres ocurridos en las dos últimas décadas supera los dos mil millones de dólares. Los terremotos y las catástrofes relacionadas con cambios climáticos contribuyeron a hacer de 2011 el año más caro de la historia en términos de costos de respuesta y recuperación posterior a los desastres.
Sin embargo, muchos países siguen sin invertir de manera suficiente en prevención y preparación, y muchos agentes del desarrollo continúan sin priorizar adecuadamente este tipo de ayuda a los países pobres. El resultado con que nos encontramos es otra dura realidad de nuestra época: siguen persistiendo desigualdades asombrosas y el riesgo global de desastres está concentrado de manera desproporcionada en los países más pobres con una gobernabilidad más débil.
Desde una perspectiva del desarrollo, la reducción del riesgo de desastres es vital para construir un futuro más equitativo y sostenible. Para ello es necesario lograr que las inversiones en prevención y preparación, incluso a través de ejercicios de defensa civil, formen parte de un esfuerzo sistemático para reforzar la resistencia ante los desastres.
Se han identificado cinco prioridades para la acción:
1) Asegurar que la reducción del riesgo de desastres pase a ser una prioridad nacional y local, y que cuente con una sólida base institucional para la implementación de las medidas necesarias;
2) Identificar, evaluar y monitorizar los riesgos de desastre y mejorar los sistemas de alerta temprana;
3) Usar los conocimientos, la innovación y la educación para crear una cultura de seguridad y resistencia a todos los niveles;
4) Reducir los factores de riesgo subyacentes; y
5) Fortalecer la preparación para una respuesta y recuperación efectivas a todos los niveles, desde el local al nacional.
La responsabilidad de la gestión del riesgo de desastres no recae exclusivamente sobre los gestores de las situaciones de desastre, sino que debe implicar a todos, desde los ciudadanos, que deben ser empoderados para tomar decisiones que reduzcan los riesgos, a los líderes políticos, pasando por instituciones gubernamentales, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones profesionales y organismos científicos y técnicos.