Respuestas
Resumen
Linal no permite establecer reformas que limiten los intereses políticos de los medios de comunicación y limite la influencia de la televisión, haciendo cada vez mayor la brecha informativa.
Por lo tanto, uno de los principales retos para arribar a la consolidación democrática consiste en ampliar la información y en reducir la brecha informativa que se origina en la forma en que los medios transmiten la información. El desempeño de los medios en política supone tres series de derechos interrelacionados: a) el derecho de los electores a realizar una elección plenamente informada; b) el derecho de los candidatos a divulgar sus políticas y c) el derecho de los medios a informar y expresar sus opiniones sobre asuntos de interés público.
El acceso a la información y los medios de comunicación tienen un papel fundamental dentro de la teoría democrática, sin embargo la preocupación sobre la calidad de la información que los medios transmiten es reciente, la búsqueda de un equilibrio entre los tres tipos de derechos es aún incipiente, lo que existe son marcos jurídicos que buscan regular el comportamiento de los gobiernos hacia los medios, más que en regular a los medios mismos.
Incluso en las democracias ya establecidas, existen perspectivas divergentes respecto del grado en que los medios deben ser sujetos de regulación legal. La tradición de Estados Unidos requiere mínima regulación, mientras que la europea5 tiende hacia una mayor reglamentación. Una de las razones de esta diferencia está en que Europa, a diferencia de Estados Unidos, tiene un historial donde el Estado tiene injerencia en las transmisiones locales.
En términos generales no existe un esquema que pueda considerarse universalmente aceptado, ni eficaz, para resolver las dificultades de la relación entre medios de comunicación y democracias. Recientemente ha cobrado importancia una tendencia que considera que la existencia de reglas para la comunicación no implica limitaciones para la libertad de expresión, una posibilidad es el establecimiento de parámetros éticos con los cuales las empresas de medios, o las comunidades de periodistas, se comprometen a autorregularse (Villanueva, 2000b).
Esta búsqueda por acotar las funciones y atribuciones de los medios de comunicación es todavía más compleja en el caso mexicano, debido a que nuestro pasado autoritario originó que los medios de comunicación mantuvieran una estrecha relación con el régimen político.
En México, el tema de la reglamentación de los medios de comunicación es una necesidad debido a que las leyes más importantes de la materia resultan obsoletas: la de Imprenta, promulgada en 1917; y la Federal de Radio y Televisión, de 1960. El atraso de esas leyes es más notable comparado con el desarrollo político que han experimentado el resto de las instituciones mexicanas. De hecho, la reforma de los medios de comunicación tendría que haber sido parte de la reforma del Estado, a la par de la actualización a la legislación electoral.6
Una de las resistencias más fuertes para reformar las leyes de la materia es la de los propietarios de los medios electrónicos quienes, ante la posibilidad de una reforma, argumentan que se pretende atentar contra la libertad de expresión. Es el caso de la iniciativa para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión que se presentó en 2004 y en la que se incluyeron las propuestas presentadas en la Mesa del Diálogo para la reforma integral de la Legislación de los medios electrónicos convocada por la Secretaria de Gobernación. Esta iniciativa ha generado grandes resistencias entre los propietarios de los medios electrónicos, especialmente entre los socios de las dos televisoras porque dentro de las modificaciones destaca la creación de un organismo autónomo y plural que tendrá la facultad de renovar, modificar y revocar las concesiones, permisos y asignaciones, además de que prevé normas que alientan condiciones de competencia y de pluralidad.
Este debate plantea un falso dilema entre libertad de expresión y derecho a la información, que legislaciones como la española han resuelto reconociendo el "derecho fundamental de todos a recibir una información veraz" (Escobar, 2000: 17), señalando con ello que la regulación e intervención no significa violación de la libertad de expresión sino salvaguarda del derecho a la información de los ciudadanos.7 El estudio de este caso puede dar vías de solución para el dilema mexicano.
Podemos observar que la teoría democrática asigna una función esencial a los medios de comunicación, si bien reconoce que existe una brecha informativa entre representantes y representados, esta brecha se intensifica cada vez más debido a que existe una tendencia a divulgar la información y a buscarla a través de los medios de comunicación electrónicos, cuyas dinámicas informativas originan que los ciudadanos tengan una menor cantidad y calidad de información durante la elección y del desempeño gubernamental.
Explicación: