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Permitir que las encuestas generales de opinión guíen la generación de mensajes de derechos humanos puede hacer que sobrevaloremos opiniones que simplemente no influyen en la ecuación política real.
Solamente un pequeño porcentaje de la población en general fuera de estos países llegará a desarrollar puntos de vista sobre estos temas. Permitir que las encuestas generales de opinión guíen la generación de mensajes de derechos humanos puede hacer que sobrevaloremos opiniones que simplemente no influyen en la ecuación política real. Tener una opinión cuando se les pregunta (como en las encuestas descritasaquí y aquí) no es lo mismo que tener una preocupación preexistente; mucho menos que estar lo suficientemente movilizado como para votar o actuar al respecto.
La opinión pública es, sin duda, más firme respecto a las cuestiones de derechos nacionales que a las internacionales. Pero incluso entonces, los públicos a menudo piensan que las violaciones solo afectan a partes marginales de la población. En estos casos, un fuerte sentimiento de parte del público es la excepción, más que la norma. Por otra parte, muchos asuntos nacionales son complicados, como los procesos penales injustos o ciertas cuestiones de discriminación. Otros están ocultos, como la tortura. Y algunos ocurren de manera sutil, como algunos tipos de censura o restricciones a la sociedad civil. Dicha complejidad tiende a obstaculizar la formación de una opinión pública general.
En consecuencia, la mayoría de las acciones para avergonzar en materia de derechos humanos no se dirigen al público en general, que en muchos temas presta poca atención, sino a la audiencia especializada que sí está interesada. Esto incluye los responsables políticos, periodistas, grupos de expertos, grupos de incidencia, aficionados a las noticias, exiliados y refugiados, y unas cuantas personas adicionales con interés en el tema. Esta audiencia es pequeña pero importante: frecuentemente, sus integrantes incluyen una buena cantidad de asociados profesionales de los responsables políticos a los que se dirigen los esfuerzos de incidencia, así como periodistas que trabajan para los medios de comunicación más influyentes y los expertos que muchas veces sirven como sus fuentes.