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¿Qué pasó con el sistema financiero de la década de los 90?
Durante la década del 90, los países de América Latina, y en especial la Argentina gobernada entre julio de 1989 y diciembre de 1999 por Carlos Menem, fueron abanderados de las políticas neoliberales de apertura económica que condujeron a la privatización de las empresas de servicios públicos, enajenación de las reservas energéticas, facilidades para las inversiones extranjeras, desocupación y precarización laboral, liberalización del sistema financiero y la eliminación de controles de precios, entre otras medidas. El esquema se complementaba con una distribución regresiva del ingreso, desmontando las políticas sociales del Estado de Bienestar. El resultado fue una brutal concentración y una profundización de la brecha social.
El Instituto Movilizador se opuso tempranamente a esas políticas, ya que apuntaban a definir, tal como se consignaba en la Memoria y Balance del 31º Ejercicio, «un modelo de país orientado hacia el exterior, inserto en la reestructuración productiva internacional, la cual privilegia a un sector exportador eminentemente agrícola, las industrias petroleras, químicas y petroquímicas, celulosa y papel. En ese modelo, el Estado sólo tiene un papel subsidiario».
A pocos meses de asumir el nuevo gobierno, el conjunto de bancos cooperativos participaba con el 7,5% del total de los depósitos del sistema, registrando una significativa disminución en relación con el 9,7% del año anterior. Esto expresaba las particulares dificultades atravesadas por el sector social que operaba en la banca cooperativa, además de las difíciles condiciones en que obraba el sector por el desigual reparto de los redescuentos y el mayor costo operativo generado por la distribución territorial de sus filiales. La sanción de la ley 23.928 que impuso la llamada «convertibilidad», si bien tuvo éxito en su objetivo de reducir la inflación, agravó la situación del sistema financiero, ya que le exigía al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que respaldara la totalidad de la base monetaria con divisas. Esto limitaba la posibilidad de una política monetaria propia y reducía su rol de prestamista en última instancia.
Procurando el abaratamiento del costo del dinero mediante el aumento de la capacidad prestable, las entidades adheridas al Instituto Movilizador pusieron en marcha un plan de acción para obtener la rebaja de los encajes bancarios (porcentaje de los depósitos que deben mantenerse en reservas líquidas). Luego de una campaña bajo el lema «Los bancos cooperativos queremos dar crédito barato», en octubre de 1991 se publicó una solicitada y se hicieron presentaciones ante el BCRA y los bloques parlamentarios. Desde el movimiento cooperativo, se expresaba que «la banca cooperativa presta servicios financieros a millares de pequeños y medianos empresarios, artesanos y profesionales. Ese rasgo define nuestro carácter minorista; es decir, que realizamos muchas operaciones de reducido volumen. Por ello nuestros costos son mayores. La Ley de Entidades Financieras no diferencia entre bancos mayoristas y minoristas. Esta legislación tampoco es sensible ante los problemas sociales ni reconoce las diferencia regionales».
Por eso reclamaban, entre otras medidas, fijar una reducción general de los encajes bancarios y diferenciarlos por zona. Un informe que analizaba la reestructuración del sistema financiero entre diciembre de 1989 y 1991 señalaba que en dos años habían desaparecido 22 entidades, 444 sucursales y más de 19.000 puestos de trabajo. En ese contexto, se produjo en 1990 la fusión por absorción del banco Acción, con filiales en Mendoza y San Juan, por parte del Banco Credicoop; la intervención del banco Birco por el BCRA a mediados de 1991; y el comienzo del proceso de integración entre los bancos Local y Sycor, concretado a mediados de 1993. Al 31 de diciembre de 1994 quedaban 38 bancos cooperativos, ya que en los primeros 5 años de gobierno menemista habían desaparecido 11 entidades.
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