Respuestas
Respuesta:
Uno de los grandes problemas de nuestro país es la existencia de grandes fragmentos de tierra cuya propiedad es sujeto de disputas y controversias, y dentro de ellas las más complejas son las que se producen en tierras fiscales, en su mayoría ubicadas en áreas de ambiente difícil y social y económicamente marginadas del proceso de desarrollo. Dentro de este panorama, un hecho aparece como singular: este 26 de mayo, el gobierno de la provincia de Salta realizó una ceremonia en la comunidad de La Merced, a pocos kilómetros de Santa Victoria Este, donde se entregaron escrituras de tierra a productores ganaderos criollos del chaco salteño.
Esta pequeña noticia esconde algo de gran importancia: la culminación de uno de los más grandes procesos en el país de regularización de tierra fiscal a favor de comunidades indígenas y criollas: 643.000 hectáreas de los llamados lotes 55 y 14 del Departamento Rivadavia de esa provincia, una superficie 20 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires donde viven 9.000 indígenas en más de 72 comunidades y 5.000 criollos.
El problema comenzó en los primeros años del siglo XX, cuando un grupo de ganaderos salteños ocupó las tierras hasta el momento habitadas por varias etnias aborígenes, la mayor de las cuales era la Wichi pero también Chorote, Tapieté, Chulupí y Toba. Los criollos ganaderos llegaban atraídos por la existencia de enormes pastizales, hoy prácticamente desaparecidos, reemplazados por un bosque empobrecido. Durante más de cien años, criollos e indígenas convivieron en una incómoda vecindad, mientras que nadie parecía interesado en regularizar una situación que se tornaba cada vez más difícil y donde ambos grupos competían en un proceso de degradación del bosque original.