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El esfuerzo realizado por el gobierno español con objeto de mantener sus posesiones en Marruecos supuso importantes pérdidas: en clave económica, en desgaste político y en vidas humanas. Episodios clave de nuestra historia como la Semana Trágica de Barcelona, la dictadura de Primo de Rivera o el golpe militar que desencadenaría la Guerra Civil Española no se entenderían sin el telón de fondo de un conflicto que enzarzó durante 15 años a España con los últimos flecos de lo que una vez fue un imperio.
A comienzos del siglo XX, las relaciones entre Marruecos y España estaban mediatizadas por el acuerdo de Wad Ras, firmado por ambos países en la primavera de 1860. Dicho acuerdo ponía fin a la Primera Guerra de Marruecos, librada entre 1859 y 1860, y otorgaba a España cierta preponderancia sobre el entonces sultanato, al que culpaba enteramente del conflicto bélico, concediéndole autoridad sobre ciertas plazas. El origen del conflicto había sido las frecuentes incursiones y emboscadas que las ciudades de Ceuta y Melilla sufrían desde 1840 por parte de grupos procedentes de la región del Rif, que el sultán no sabía o no podía atajar. El levantamiento de la muralla en Ceuta para protegerse de estos ataques fue considerado por Marruecos como una provocación, y cuando, en 1859, el destacamento español que custodiaba las reparaciones fue atacado, España exigió responsabilidades al gobierno marroquí. Ante la inacción de este, el entonces presidente del gobierno español, O´Donnell, ordenó la invasión del sultanato.