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Por ende, de este principio se puede deducir que tanto lo establecido en el PIDESC como las resoluciones emitidas
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La concesión de medidas cautelares en los desahucios de #Argumosa11 trataban de evitar un daño grave e irreparable mientras persistía el peligro de vulneración del derecho humano a la vivienda. Ante la falta de cumplimiento de las medidas preventivas por parte de los tribunales nacionales, nos encontramos con un desacato por parte del Estado español de las obligaciones adquiridas mediante la firma de tratados internacionale
El pasado viernes el edificio situado en la calle #Argumosa11, bastión madrileño de la lucha por el derecho a la vivienda, amanecía con un cordón policial que pretendía vulnerar el derecho a la vivienda perpetrando desahucios simultáneos de familias sin alternativa habitacional, con menores a cargo y con delicados estados de salud. Familias indefensas ante la especulación inmobiliaria que, pese a vivir décadas en esa vivienda, tras el cambio de condiciones del contrato de arrendamiento por el nuevo propietario del inmueble, no podían hacer frente a subidas de alquiler del 300%.
El despliegue policial atendía a las órdenes de desahucio que recibieron Pepi, Juani, y Rosi en las que se les otorgaba un preaviso inferior a 48 horas para abandonar su hogar. Los distintos Juzgados que llevaban los procedimientos emitieron autos con el mismo contenido y con una misma hora para acometer el desalojo. Lanzamientos que previamente habían intentado ejecutar en siete ocasiones en el caso de Pepi, en cinco en el caso de Rosi y en cuatro en el caso de Juani. Ejecuciones que se habían paralizado con el apoyo de los movimientos sociales en defensa del derecho a la vivienda o las medidas cautelares del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) en las que se instaba al Estado español a no ejecutar los desahucios sin una alternativa habitacional.
No obstante, el viernes 22 de febrero de 2019, pese a la concesión de medidas cautelares del Comité DESC para algunas de las vecinas, el despliegue policial cortó la calle de madrugada y, a pesar de la oposición ciudadana y las recomendaciones de Naciones Unidas, la comisión judicial consiguió entrar en el inmueble, arrestar a seis personas que trataban de paralizar los desalojos y expulsar una a una a las familias de sus hogares.
Los hechos acaecidos en #Argumosa11 nos muestran cómo, una vez más, personas en situación de vulnerabilidad son desahuciadas forzosamente sin una alternativa habitacional. Si bien, en este caso nos encontramos con una situación inaudita, y es que los Juzgados que llevaban los desalojos forzosos de Pepi, Rosi y Juani, decidieron esquivar el cumplimiento de la normativa internacional y en su proceder no tuvieron en cuenta las medidas cautelares del Comité DESC.