de acuerdo con la criterio que expresó Espering Andersen se relaciona con la economía que esta atravesando nuestro país
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El estado de bienestar se enfrenta a desafíos intelectuales y políticos que cuestionan su razón de ser, su legitimidad y su eficacia. El desarrollo del estado de bienestar ha pasado por fases bien definidas. Durante la primera mitad del siglo xx, los derechos sociales se ampliaron progresivamente a todos los ciudadanos, en la década de 1970 se recortaron y en la de 1990 surgieron nuevas ideas sobre la inversión social. Tras el crac financiero de 2008 y la gran recesión económica, entramos en una fase caracterizada por la adopción de programas de austeridad. El futuro del estado de bienestar está, una vez más, en cuestión, y para sobrevivir necesita reformas continuas y una nueva visión de ciudadanía democrática.
En la actualidad, el Estado de bienestar se está enfrentando a una lucha por la supervivencia en varios frentes.1 El primero consiste en una batalla intelectual. Todos estamos de acuerdo en que necesitamos bienestar (el estado en que las cosas nos van bien o estamos bien), pero ¿necesitamos un Estado de bienestar que nos lo proporcione? ¿Existen otros medios mediante los cuales pueda asegurarse el bienestar de las personas? En segundo lugar, hay una batalla política centrada en si el Estado de bienestar es asequible, especialmente en épocas de crisis, períodos de austeridad y de crecimiento lento como el que el mundo occidental ha estado soportando desde el crac financiero de 2008. Una de las paradojas del Estado de bienestar es que las sociedades más ricas se convierten en los gobiernos menos capaces o dispuestos a financiar el bienestar de forma colectiva. En tercer lugar, tenemos una batalla de políticas. ¿Puede el Estado de bienestar adaptarse a unas circunstancias y tendencias cambiantes, o se han vuelto sus propias instituciones y estructuras demasiado inflexibles e incapaces de reformarse para estar a la altura de los retos de unas sociedades en constante cambio?
Estas batallas han estado librándose durante mucho tiempo. Ninguna de ellas es particularmente nueva, pero las preguntas que anidan en ellas han adquirido una nueva importancia. Parece que fue hace mucho cuando T. H. Marshall celebró el asentamiento del Estado de bienestar tras la guerra como un triunfo de la ciudadanía democrática, añadiendo derechos sociales a las anteriores obtenciones de derechos civiles y políticos.2 La creación de un Estado de bienestar fue considerada un indicador del éxito económico y madurez política, reflejo institucional y de los principios del compromiso que habían evitado que las democracias capitalistas occidentales se desintegraran. Los estados de bienestar constituyeron los medios para conciliar la democracia y el capitalismo, mediante la protección de las instituciones de las economías capitalistas, sobre todo la propiedad privada, pero también de los intereses de todos los ciudadanos a través de la acumulación de recursos para proporcionar a cada uno de ellos un mínimo básico y de oportunidades a lo largo del ciclo vital. Seguía existiendo el conflicto sobre cuán generoso debía ser ese mínimo, pero el principio fue ampliamente aceptado y se convirtió en parte del marco rector para todas las democracias capitalistas avanzadas.
Pese a ello, este período parece, en retrospectiva, efímero. Desde la crisis de estanflación en la década de 1970 ha habido, por lo que respecta a los servicios públicos, una austeridad interminable y crisis fiscales. Los servicios públicos han recibido una pobre financiación y han sido objeto de controversias sobre los niveles de derechos, costes y calidad. Esto ha conducido a una presión continua para la reestructuración, la reorganización y la búsqueda de eficiencias en la actual provisión de servicios. Para mucha gente implicada en el suministro de servicios primarios, el Estado de bienestar ha parecido estar siempre bajo asedio.
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