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Dicen que en plena Revolución Francesa la gente se llamaba “ciudadano” por la calle. Frente al súbdito del Antiguo Régimen, el de ciudadano apareció como un concepto emancipador. El ciudadano formaría parte de una sociedad de libres e iguales: en 1789, el proyecto emancipatorio de la Ilustración, de la Modernidad, prometía grandes cosas, y cumplió una parte de ellas. Además, la presión de grupos sociales (las mujeres, la clase obrera…) consiguió nuevos ámbitos de reconocimiento y dignidades. La historia es conocida, al menos en sus grandes líneas. Pero, del mismo modo, el proyecto moderno contenía riesgos que también se materializaron y generaron espacios de exclusión. Y, como la Historia avanza, o eso dicen (al menos, los proyectos sociales nacen, crecen y mueren), ha llegado un momento en que la expansión de la ciudadanía a nuevos colectivos parece haber alcanzado un límite difícil de franquear: el de la nacionalidad. En el Estado del siglo XXI, el obrero puede ser ciudadano, la mujer puede ser ciudadana. Sin embargo, el extranjero no puede ser ciudadano: está excluido de la comunidad política y evidentemente, en una democracia representativa, si alguien no vota los políticos no tienen incentivo alguno para mirar por sus intereses