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Juan Carlos García Melián, abogado experto en transparencia del sector público y secretario general de Acreditra, explica a Compromiso Empresarial que la regulación es deficiente “porque la resolución favorable de una petición de acceso a la información es una carrera llena de obstáculos” para cualquier ciudadano, a causa de una serie de trabas que debe ir superando y de los “charcos resbaladizos” que son los conceptos jurídicos indeterminados, como las causas de inadmisión y los límites del derecho de acceso.
De hecho, el primer paso que es presentar la solicitud conlleva algunas complicaciones, como la propia identificación del usuario mediante un certificado o DNI electrónicos, que le permita acceder a la sede electrónica. Sobre este aspecto, García Melián afirma que el derecho de acceso a la información pública debería estar regulado como ley orgánica, derivado de los derechos fundamentales de la libertad de expresión e información y el derecho a la participación en los asuntos públicos. De este modo, se ejercería con mayores garantías y habría menos “ambigüedades y límites”. Asimismo, el secretario general de Acreditra considera que la Ley 19/2013 debería dotar de “ejecutividad” a las decisiones de los órganos de control, además de “poder sancionador”.
Según datos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en los dos años y medio que lleva de actividad, se han presentado más de 3.000 iniciativas ciudadanas, de las cuales el 57% han sido reclamaciones, siendo la mayoría de éstas correspondientes a la Administración General del Estado. El 56% de estas reclamaciones fueron estimadas por el Consejo mientras que el resto fueron desestimadas (42%) y suspendidas o archivadas (2%).
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tenemos derecho a la salud, pero no podríamos gozar de los servicios que brinda el Estado para garantizar este derecho si no tenemos información sobre dónde se encuentra la clínica más cercana o sobre cómo agendar una cita en dicho centro médico.
espero y te ayude