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Desde comienzos de este año, el gobierno nacional y las provincias productoras de hidrocarburos, nucleadas en la Ofephi, han discutido sobre la necesidad de reformar la Ley Nacional de Hidrocarburos. De esta manera, pretenden cumplir con los requerimientos de las petroleras trasnacionales, fijando beneficios económicos para bajar costos y garantizar una mayor rentabilidad en la explotación de Hidrocarburos No Convencionales, offshore y cuencas de frontera, con la falsa promesa de que esto permitirá al país salir del atolladero energético.
Para Neuquén, esto significa crear un marco jurídico que permita la continuidad del saqueo, la degradación del ambiente y una muerte segura para las comunidades que habitamos dentro del territorio.
La Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén viene denunciando las maniobras que desde ambos gobiernos, nacional y provincial, han preparado para favorecer a las empresas. Fue en ese marco el desembarco, en julio de 2013, de la trasnacional del saqueo Chevron, prófuga de la Justicia ecuatoriana. Hoy esta reforma a la Ley de Hidrocarburos, entre otros puntos, propone extender las concesiones de las áreas tanto espacial como temporalmente; eximir del pago de impuestos a las empresas; habilitar el ingreso de tecnología sin pago de aranceles; permitir el egreso de divisas; etc.
Tanto el gobierno que se reivindica nacional y popular, como el que se pretende defensor de los intereses provinciales neuquinos, demuestran que estas proclamas son retóricas y discursivas, ya que luego, en la práctica, terminan garantizando el beneficio para las empresas.