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La constitución de 1991 ha reconocido a los indígenas importantes derechos que respetan su autonomía y autodeterminación. Sin embargo, medidas descentralizadoras como la elección de mandatarios locales y la ley de participaciones en los ingresos de la nación, han significado para los indígenas la integración a un ordenamiento jurídico y político que no siempre comparten. Dicha integración ha generado una serie de resistencias que son ejemplificadas al principio de la ficha. Las dinámicas de autoridad y dominación en los territorios indígenas permiten reflexionar sobre las relaciones entre el Estado y las comunidades, indígenas allí donde ambos son actores legales y legítimos de la gobernanza. En últimas, este caso se identifica con lo que sucede en otros Estados de la región con componentes pluriétnicos y multiculturales, que enfrentan el reto de encontrar equilibrios entre el gobierno del Estado y el gobierno de sus pueblos nativos.
