cuales son las consecuencias negativas de las actividades elicitas para la persona y su familia, la sociedad y el estado
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Entre 10 y 30 años de prisión puede pagar una persona que cometa este delito. Además, podría imponérsele una multa de entre 1.000 y 50.000 salarios mínimos y perder todos sus bienes.
El lavado de activos cuenta con 64 delitos subyacentes establecidos en el artículo 323 del Código Penal. /
En 2016 un grupo de auxiliares de vuelo de una reconocida aerolínea colombiana fueron noticia en todos los medios de comunicación. Los primeros días de marzo de ese año protagonizaron un escándalo que pronto le dio la vuelta al país: habían sido cómplices del ingreso de dólares y euros a Colombia. El dinero, que al parecer era producto del narcotráfico, lo habían camuflado en su equipaje y partes de su cuerpo. Con los meses se supo que se trataba de una red de 82 personas que, según la Dijín, tenía contacto con el cartel de Sinaloa.
Lo que hizo aquel grupo de auxiliares es un delito frecuente en el país. Está calificado con tres palabras que, cada tanto, son anunciadas en titulares: “Lavado de activos”, un crimen que tiene serias consecuencias. En palabras del mayor Alexánder Porras, jefe de la Unidad Investigativa Contra el Lavado de Activos de la Dirección de Antinarcóticos, esta es “una actividad en donde se busca dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos, con el fin de que las ganancias provenientes de los delitos cometidos permitan la operación y sostenimiento de más acciones delincuenciales”,
Para facilitar su comprensión, las autoridades suelen hablar de tres fases del lavado de activos: la colocación, el ocultamiento y la integración. La primera es la introducción de dinero de fondos ilegales en la economía, poniéndolos en circulación a través de instituciones financieras o casas de cambio. En la segunda, “el delincuente, con el fin de evitar ser detectado y alejar el dinero de su origen, realiza una serie de movimientos financieros, industriales o comerciales, como importaciones o exportaciones ficticias que son utilizadas para justificar el aparente ingreso legal del dinero al sistema financiero”, dice Porras.
La tercera fase es una de las más complejas: implica traer los fondos de lavado a la economía para crear la apariencia de legitimidad. “En este punto se hace extremadamente difícil distinguir la riqueza legal de la ilegal. El lavador puede optar por invertir en los fondos en bienes raíces, activos lujosos o proyectos comerciales”. En el caso de las auxiliares de vuelo, que hacían transferencias por cuentas bancarias, se encontró que exempleados de la compañía tenían apartamentos lujosos y uno de los miembros era dueño de una casa de cambio en el centro de Bogotá.
El panorama de este delito ha mutado en el país. En “años anteriores era común el transporte físico de dinero en grandes cantidades. Era frecuente que se utilizaran avionetas desde Estados Unidos hacia Colombia. El núcleo familiar de los delincuentes también podía tener propiedades a su nombre y bienes producto de las actividades ilícitas, más conocido como testaferrato. En cambio, en la actualidad, las autoridades se ven enfrentadas a nuevos medios tecnológicos para el movimiento del capital, ya sea de forma bancaria o a través de aparentes transacciones comerciales, por medio de empresas legales que sirven como fachada”, explica el mayor Porras.
El complejo mundo del lavado de activos está relacionado con otro delito: el microtráfico. ¿La razón? Como señala Porras, “las utilidades provenientes de esta actividad ilícita sirven para financiar otras acciones delincuenciales a nivel local, como préstamos a terceros, más conocidos como gota a gota o paga diario, con el fin de legalizar el dinero producto del microtráfico, así como corrupción, ajuste de cuentas entre delincuentes, trata de personas, tráfico de armas, extorsiones y la financiación de pequeños negocios que se encuentran ubicados en zonas vulnerables”.