Respuestas
Respuesta:
la situación de derechos humanos
continuó siendo crítica en el departamento de Arauca, considerado como
un laboratorio de guerra y puntal de la política de "seguridad
democrática", cuya puesta en práctica se ha opuesto a principios y
estándares básicos de derechos humanos
Respuesta: espero que sirva mi exolicacion
La dirigencia social de Arauca fue objeto nuevamente de montajes
judiciales. Esta vez ocurrió en el municipio de Fortul, el 12 de
agosto, cuando en horas de la noche fueron arrestados varias decenas
de ciudadanos por tropas pertenecientes al Grupo de caballería No 18
Reveiz Pizarro, al mando del mayor Salinas. Los dirigentes fueron
llevados a la estación de policía, y 16 fueron judicializados, entre
ellos están Esaud Moreno, miembro de la misión médica, Pedro Bueno,
miembro del Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra, Abdón
Goyeneche y Wiliam Sáenz, directivos de la Asociación de Educadores de
Arauca, Nubia Chacón y Marina Rodríguez, dirigentes comunales, los
hermanos Wilmer, Javier y Edwin Hinestroza, entre otros. En el
transcurso de estos meses fueron arrestados otros cuatro líderes.
El domingo 1 de octubre, en Arauquita, y en la inspección Panamá de
esta ciudad del departamento de Arauca, ocurrió otra detención masiva
ilegal cuando tropas de la Brigada XVIII detuvieron a 16 personas, 10
de las cuales fueron trasladas a la capital, Arauca. Entre los
detenidos figura Miguel Rodríguez, destacado dirigente del Polo
Democrático Alternativo de la región y líder del sector del
transporte. La lista parcial de los detenidos, a quienes se les
judicializó por el delito de rebelión, es la siguiente: Miguel
Rodríguez, Miguelina Roa, enfermera del hospital San Lorenzo de
Arauquita, Rodolfo Páez, Gelmon Castilla, Manuel Cruces, Luis Duarte,
Catalino González, Jhon Fernández Rojas, Henry Meneses, Pablo Alfonso
Quiroga, Héctor Giraldo, Hamiht Londoño y Luisa Veleño.
La persecusión política y estigmatizacion en contra del movimiento
social y campesino por parte del estado y más concretamente de sus
fuerzas militares que obra en conjunto con la Fiscalia, Unidad
Estructura de Apoyo, que opera dentro de la Brigada XVIII de Arauca.
Durante este año hacen que los líderes sociales campesinos tengan que
soportar una persecución judicial, que busca además de intimidar a la
comunidad, privar a las organizaciones de sus mejores dirigentes,
campesinos que han sido detenidos por el delito de rebelión,
utilizando para ello a supuestos reinsertados, el poder de las fuerzas
militares y la falta de independencia de la Fiscalía Unidad de
Estructura de Apoyo que realiza las investigaciones.
Los atropellos contra la población civil
En el mismo periodo, fueron asesinadas por el Ejército Nacional cinco
personas: Orlando Santos, de 18 años, jornalero, cuyo cadáver
apareciera con señales de tortura en la zona rural de Saravena, el 6
de marzo. El 26 de febrero éste joven había sido retenido ilegalmente
por el ejército acusado de ser guerrillero, maltratado física y
psicológicamente y dejado en libertad pocas horas después y reportado
como guerrillero muerto en combate por miembros del batallón Revéiz
Pizarro. Este caso es similar al de Ismael Flórez Gauta de 40 años,
asesinado el 1 de abril de 2006 en el sector rural de Tame, por
miembros de la brigada movil 5; al del joven Carlos Alberto Moyano,
muerto el 30 de abril en el municipio de Fortul, al de Edilia Peña,
madre de cuatro niñas, acribillada por el ejército el 14 de mayo, en
cercanías de la inspección Panamá de Arauca y presentada ante los
medios como "subversiva dada de baja en combate". Al de Aníbal Florez
Becerra, ejecutado el 19 de agosto de 2006 en inmediaciones del puente
de Banadia II, sector rural de Saravena, por miembros de Batallón
Revéiz Pizarro.
En el mismo lapso, las tropas, en una flagrante violación al DIH que
prohíbe la ocupación de escuelas como lugares de operaciones de
guerra, se tomaron cuatro centros educativos, sin contar el Colegio
Agropecuario de Pueblo Nuevo, ya señalado: el 21 de enero, la escuela
El Cóndor, vereda Caño Verde, Tame, por parte de la Móvil 5; el 18 de
julio, soldados del Batallón Héroes de Pisba, las escuelas de las
veredas El Oasis, Fundación y Brisas del Caranal, donde permanecen por
espacio de una semana.
En su afán por militarizar la vida de todos los ciudadanos, a quienes
se sigue considerando equivocadamente como afines a los grupos armados
ilegales, han ocupado decenas de veredas y corregimientos
involucrándolos en el conflicto. Así, en estos ocho meses, la Móvil 5
se ha tomado poblaciones como El Botalón, Puente Tabla, Puerto
Miranda, Nápoles, jurisdicción de Tame, y Vista Hermosa, Los
Fundadores, Los Colonos, de la inspección Panamá de Arauca. Allí se
han tomado las casas de los moradores, pernoctando en pasillos,
alcobas y baños, poniendo en riesgo a la población en medio del
conflicto, lo cual se opone a la función esencial del estado de
garantizar y proteger los derechos y libertades de todos.