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Es un debate un tanto manido: ¿Es España un país federal? ¿Está lo suficientemente descentralizado? ¿Deberían las Comunidades Autónomas ceder competencias a favor del Gobierno central? Con el proceso catalán como telón de fondo, hacen falta análisis más rigurosos que nos ayuden a entender el sistema que hay en España y sus fallos.
En su momento, Diego Sánchez de la Cruz explicó que España es uno de los países en donde el gasto está más descentralizado hacia los gobiernos regionales y locales dentro de la OCDE, en concreto, ocupa la quinta plaza entre los países más desarrollados y el primero dentro de los que integran la Eurozona; el gasto público se concentra en un 56,8% en los organismos pertenecientes al Gobierno central, por debajo de la media de la OCDE o de Alemania, con un 61,1% y un 59,9% respectivamente. Incluso, en políticas como sanidad o educación, existe una importante descentralización del gasto en España, algo que no sucede con las políticas de protección social, debido al gran peso que tienen las pensiones en los dispendios de este tipo de políticas.
Pero, tal como apunta el propio Diego Sánchez de la Cruz, es necesario que el sistema de financiación autonómica descentralice conjuntamente tanto las tareas de gasto y de ingresos para mejorar la corresponsabilidad fiscal de las regiones, para que éstas controlen sus gastos y no tengan incentivos para derrochar unos recursos que no pagan los ciudadanos de su territorio, sino que, mediante transferencias, se pagan entre todos los españoles, dando como resultado el efecto “Papá Noel”.
Efectivamente, la descentralización de ingresos no es completa en nuestro país, solo hay que fijarse en que los gobiernos regionales de Canadá manejan presupuestos más del doble de grandes que nuestras Comunidades Autónomas, en términos relativos —44,5% frente a 16,8%—, situándonos por debajo de la media de la OCDE. Es cierto que este efecto se debe en gran parte al presupuesto de la Seguridad Social y a que nuestras pensiones apenas se complementan con ahorro privado.
Sin embargo, existen dos figuras tributarias importantes que ayudan a explicar, además de las pensiones públicas, que España tenga una menor descentralización fiscal por el lado de los ingresos que la media de los países más desarrollados: los diferentes impuestos aplicados sobre las sociedades y los impuestos que gravan el valor añadido. En ambos tributos, España se encuentra por encima de la media en cuanto al peso que tiene el Gobierno central en su recaudación, y eso a pesar de que en el caso del IVA, por ejemplo, las Comunidades Autónomas tienen cedida el 50% de la recaudación líquida en su territorio, pero como no disponen de capacidad normativa ni de gestión, se trata de una mera transferencia por parte del Gobierno central, a diferencia de lo que ocurre con el IRPF.
¿Dónde falla la descentralización?
1. La capacidad normativa y administrativa
Si nos quedáramos tan solo con la descentralización por el lado de los gasto e ingresos, no estaríamos haciendo un análisis completo del nivel de autonomía de las regiones de nuestro país, puesto que no solo el volumen de ingresos incentiva su responsabilidad fiscal, sino también la posibilidad de tomar decisiones tanto a nivel legislativo como de gestión.
Por ejemplo, en el caso del diseño de los impuestos (capacidad normativa, sobre los elementos de los distintos tributos, como pueden ser la base imponible o las desgravaciones), en España tenemos un modelo similar al de Alemania en el que las regiones participan de los tributos que dependen de la regulación que se produce a nivel federal —si bien desde 1996 las CCAA han ido adquiriendo cierta capacidad normativa en algunos tributos—, esto es, es el Gobierno central el que tiene la potestad regulatoria última del sistema tributario, como así recalcó el Tribunal Constitucional en la famosa sentencia 31/2010 contra el Estatuto de Cataluña:
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Explicación:paso a paso
Respuesta:
Buenos Días.
Explicación:
En realidad ha sido un país de modelo centralizado. Espero te haya podido responder tu pregunta.