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Eran los ciudadanos en el sentido del término más excluyente posible para estos tiempos, pues solo podían deliberar en el Ágora las personas atenienses con poder político y económico, quedando afuera de las discusiones las mujeres, los metecos (extranjeros, que eran inclusive los habitantes de otras ciudades griegas), los esclavos y los esclavos libertos.
Los metecos en Atenas debían pagar todos los impuestos, podían casarse con una ateniense y tener hijos, pero de ninguna se les permitía poseer propiedades o terrenos, por lo cual eran excluidos de las deliberaciones en el Ágora.
En cambio, los esclavos carecían de todo derecho, como las mujeres y las personas que no podían demostrar un patrimonio considerable que les pudiera dar acceso al derecho ciudadano para discutir en el Ágora, por lo cual los ciudadanos incluso podían disponer de las vidas de ellos.
Durante el imperio romano, que históricamente está ubicado entre el año 27 antes de Nuestra Era y el 426 de Nuestra Era, la situación mejoró sustancialmente para los extranjeros, pues aquellas personas pudieron gozar de algunos derechos en Roma, entre ellos la posibilidad de presentarse ante las Cortes con el auspicio de un patricio romano.
Sin embargo, los ciudadanos romanos, personas acaudaladas y con poder político, eran quienes tomaban las decisiones legislativas, judiciales y ejecutivas sobre la ciudad en el Senado romano. El resto, como los esclavos y las mujeres, carecían del derecho de participación en las discusiones realizadas en el hemiciclo.
Durante la Edad Media los extranjeros volvieron a ser sujetos sin derechos, ni siquiera el de la vida, tal como los esclavos, éstos últimos considerados mercancías que podían ser transferidos en los mercados.
La Revolución Francesa, a fines del siglo XVIII, que significó una ruptura radical con el pasado feudal europeo, marcó el inicio de la participación de las personas en la toma de decisiones políticas en sus países, llegando a la nominación de candidatos de elección popular y del ejercicio del voto para elegir a sus representantes políticos. Esta etapa marcó el inicio de la democracia representativa.
Derecho de Participación
El derecho de participación en los asuntos políticos de los países que adquirieron y ejercieron los ciudadanos y que se traduce en el derecho de elegir y ser elegido fue el que predominó durante dos siglos en los llamados países occidentales, incluido los sudamericanos.
La ciudadanía y los derechos ciudadanos en Sudamérica nacieron con el advenimiento de las independencias nacionales, en cuyas constituciones se estableció el derecho a elegir y ser elegidos, mediante el cual se fijaron algunos requisitos, como ser de sexo masculino, mayor de 21 años de edad, saber leer y escribir y tener un patrimonio relativamente alto en dinero o en bienes inmuebles.
Con el advenimiento del siglo XX el requisito del patrimonio económico para ejercer los derechos de ciudadanía (políticos) se eliminó. Luego, en las décadas siguientes, se incorporó como ciudadana a la mujer, desapareció el requisito de saber leer y escribir y posteriormente se fijó en 18 años la mayoría de edad para poder votar y tomar sus propias decisiones personales.
A pesar de estos avances, muchas Constituciones de Sudamérica todavía vinculan a la ciudadanía y al ciudadano con el derecho político exclusivo de elegir y ser elegido, rezagos constitucionales que seguramente irán cambiando con la actualización de las Cartas Fundamentales. Aún más, en muchos países de la región se siguen confundiendo los términos ciudadanía con nacionalidad, términos que están relacionados, pero que de ninguna manera constituyen sinónimos en la actualidad.
Por esta razón, muchos derechos de participación para personas de otras nacionalidades se encuentran incorporados en muchas Constituciones en un capítulo distinto al de la ciudadanía.
Nueva Concepción de Ciudadanía
En la actualidad se está trabajando en una nueva concepción de ciudadanía, la cual incorpora los derechos de participación, es decir aquellos que tienen que ver con el bienestar de la población, como los sociales, comunitarios y fundamentalmente ambientales. Desde esta nueva perspectiva, son ciudadanos todas las personas del género humano, sin importar la nacionalidad, la edad y su condición social.
Todas las personas, incluso los niños en temas que podrían involucrarlos, tienen el derecho de expresar sus opiniones y puntos de vista sobre los asuntos que les conciernen, criterios que deben ser tomados en cuenta por las personas que toman las decisiones al nivel que corresponda.
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