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Cuando Kissinger preguntó a Mao en 1972 por la Revolución Francesa, el dirigente chino respondió: “Es demasiado pronto para juzgar”. La abdicación de Juan Carlos I ocupará su sitio histórico definitivo dentro de años, pero algunos historiadores ya anticipan que la medida es una respuesta para preservar la institución y frenar el deterioro que ha sufrido la Corona en los últimos tiempos. Un nuevo Rey para salir de la crisis. Como señala Sebastian Balfour, profesor emérito de Historia Contemporánea Española en la London School of Economics, “la transcendencia de la abdicación ofrece dos aspectos. Llega en un momento de crisis de legitimidad de la monarquía, según revelan los sondeos, y es un intento de renovar la imagen del monarca a través de la sucesión. En segundo lugar, Juan Carlos I es el último emblema de un proceso que ha sido mitificado y que, en realidad, fue mucho más complejo y multitudinario que la narrativa personalista y elitista que predomina”.
“Cierra un periodo histórico”, sostiene José Álvarez Junco, catedrático de Historia en la Complutense y premio Nacional de Ensayo en 2002 por Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX. “Juan Carlos había conseguido establecer un prestigio inesperado para la monarquía. En los últimos tiempos había sufrido una serie de escándalos y con su salida, consciente de su debilidad, cierra un periodo. El desafío para el futuro rey es que conseguir prestigiar una institución en este momento en que el prestigio de todas las instituciones está por el suelo”.
La abdicación de Don Juan Carlos, según los historiadores consultados, abre un debate sobre el sistema político instaurado tras la muerte de Franco; pero también sobre lo que representa para el futuro de la monarquía y los cambios a los que deberá someterse. “Es un síntoma claro de la forma en que los usos democráticos —entre ellos, la importancia de responder ante la opinión pública y la responsabilidad de estar en condiciones de hacer bien una tarea de servicio público— ha impregnado los usos de la monarquía”, señala Isabel Burdiel, catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia y premio Nacional de Historia por su biografía de Isabel II, tatarabuela de Juan Carlos I y una de los pocos monarcas españoles que abdicó. Aunque sus circunstancias nada tengan que ver con las actuales: Isabel II renunció a la Corona en 1870 en París, dos años después de exiliarse, en favor de su hijo Alfonso XII. Burdiel, gran conocedora de las vicisitudes de los Borbones, aprecia la amplitud de miras del Rey. “La institución está demostrando su flexibilidad para adaptarse a entornos cambiantes. Más en concreto, demuestra la inteligencia del Rey y de su entorno, para advertir lo mucho que se está jugando la institución. Me alegra porque la inteligencia a largo plazo, frente a la astucia y el regate en corto, no son habituales ni entre nuestra clase política, ni lo han sido históricamente entre los Borbones”.
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La Ley 54/1997, del 27 de noviembre, sobre la regulación del sector eléctrico, que favoreció a este poderoso grupo de presión y que ha acabado generando un descomunal déficit tarifario -30 mil millones de euros en 2013- al que aún no se ha encontrado solución (Fabra y Fabra, 2012: 88-100)2.
• La Ley 6/1998, del 13 de abril, sobre régimen del suelo que, con el fin de facilitar su oferta, declaraba urbanizable todo aquel suelo en el que no concurriesen razones para su preservación, lo que abrió un mundo inimaginado a los políticos autonómicos y locales y a los especuladores del ladrillo.
• La tercera de las medidas (pactada con el partido regionalista catalán Convergencia y Unión -CiU-, que le prestaba apoyo parlamentario), fue la cesión de una serie de competencias a las comunidades autónomas, que estas no han sabido gestionar, pero que sí han originado un considerable caos en el sector público y en el mercado interior. Por el lado del gasto, el Estado transfirió a las comunidades autónomas las competencias en educación y sanidad, cuyo coste se ha encarecido considerablemente respecto de su gestión por el Estado. Y por el de los ingresos, se cedía a dichas comunidades capacidad normativa en impuestos tales como el patrimonio, sucesiones y donaciones, etc., que aquellas han vaciado de contenido; a lo que también hay que añadir la cesión de capacidad normativa en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
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