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Antes que nada, conviene recordar que hace muchos años se superó el debate sobre los beneficios de la apertura económica y la competencia. Si cerrar una economía fuera tan rentable, países como Cuba estarían navegando en un mar de prosperidad.
Ahora bien, regresando a la discusión de desarrollo del siglo XXI, esa a la que algunos se resisten, a “todos” los empresarios y al Gobierno les corresponde ponerle el hombro a la política industrial en Colombia, marco que no es exclusivo de la industria manufacturera.
Sin ser exhaustivos, revisemos cuatro entidades o grupos de entidades del Estado que tienen tareas en este frente y se espera que las funciones sean claramente asignadas una vez se apruebe el Conpes de política de desarrollo productivo que está coordinando el DNP.
La primera es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que debería facilitar las condiciones para que al final del cuatrienio se cumplan los objetivos de tener 4.170 empresas exportadoras, recibir US$6.000 millones de divisas por concepto de turismo y se llegue a un nivel de exportaciones no minero-energéticas por US$30.000 millones.
La segunda entidad es el Ministerio de Educación, encargada del cierre de las brechas de productividad y de que la formación de capital humano esté acorde con los desafíos actuales. Por ejemplo, reducir el déficit de las áreas de tecnología, que ha sido estimado en 93.000 trabajadores de niveles técnico, tecnológico y profesional. En ese mismo sentido, es fundamental que 53% de los empresarios que tienen dificultades a la hora de encontrar personal calificado en distintas áreas, tenga el apoyo suficiente para hacerle frente a nuevas demandas.
Un tercer frente es el de infraestructura. Allí el Gobierno está dando los pasos correctos desde la Vicepresidencia de la República, la ANI y los Ministerios de Vivienda y Transporte. Se espera que una vez terminados los proyectos de cuarta generación (4G), el país pase de ocupar el puesto 18 al 3 en infraestructura en América, según el estudio del Doing Business.
Sobre este aspecto también resulta urgente que se impulsen los temas asociados a la logística en el transporte de mercancías, porque, como reseña Javier Díaz, presidente de Analdex, no sacamos nada con tener una magnífica infraestructura si el contenedor pierde tres días en el puerto.
Finalmente, el gran cuello de botella contra el que se deben enfilar las baterías es el fiscal. Aquí recobra importancia el esfuerzo que está realizando la Comisión Tributaria. La primera arista consiste en la definición de una estructura arancelaria que no refleje el lobby de solo algunos sectores. La segunda es la revisión de la carga tributaria de las empresas; pues, según cifras del Banco Mundial con corte a 2014, las firmas colombianas tienen tasas impositivas superiores a las de países como Brasil, México y Estados Unidos.
Otros frentes que el Gobierno debe atacar comprenden áreas tan sensibles como los esquemas de fijación de tarifas energéticas, los estándares para definir el precio de la gasolina, la eliminación definitiva de la tabla de fletes y la erradicación de esquemas de protección para algunos sectores, principalmente agrícolas.
Pero, así como el Gobierno debe hacer esfuerzos, fijar metas alcanzables y darse la pela políticamente en la aprobación de medidas impopulares; los empresarios, y sobre todo los gremios, también están llamados a poner de su parte.
No está de más recordar que el país vivió en bonanza por más de 10 años, con un dólar barato y, pese a ello, fueron lánguidos los esfuerzos para comprar bienes de capital, actualizar y modernizar sus plantas y hubo varios momentos en que algún sector tuvo vicisitudes y la vía fácil para enfrentarlos fueron las protestas y el bloqueo de vías, como en el agro.
También es labor de los empresarios aprovechar las ventanas de oportunidad que brindan los incentivos tributarios a la innovación; realizar las inversiones necesarias en bienes de capital y no esperar solo a que el Ministerio de Educación o el Sena cierren brechas de capital humano.
De nada espero mi corona