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Los reiterados intentos -ostensibles o solapados- para lograr que Carlos Menem pueda postularse por tercera vez como candidato presidencial en 1999 ponen de manifiesto dos aspectos igualmente lamentables de la realidad política local.
Por un lado, el escaso apego de muchos dirigentes políticos por la Constitución vigente. Por el otro, un total desconocimiento de las causas por las cuales nuestro ordenamiento institucional impide que los presidentes se perpetúen en el poder.
El jueves último, el dirigente justicialista Juan Carlos Ortiz Almonacid presentó un recurso de amparo para pedir que se declare inaplicable la cláusula transitoria novena sancionada por la convención reformadora de 1994, pues considera que esa norma "proscribe" a Carlos Menem como candidato. Hace unos diez días, el interventor en el PJ riojano, Roberto Fernández, había presentado un recurso similar.
Sólo un magistrado o un tribunal extremadamente desaprensivo y en abierto estado de insurrección contra el derecho positivo argentino podría tributarles una acogida favorable a esas presentaciones.
Pero los intentos por torcerle el brazo a la Constitución no se agotan en esas gestiones tribunalicias. Aun los dirigentes oficialistas que dicen rechazar la idea de una nueva reelección del Presidente se suman a la absurda teoría de que Menem no puede ser candidato porque una cláusula de la Constitución lo "proscribe". El propio Presidente utilizó recientemente esa expresión errónea para referirse a su situación, aunque aclaró que no se va a postular para una nueva reelección.
El gobernador de Chubut, Carlos Maestro, perteneciente a las filas de la UCR, se sumó al coro de los que reclaman un cambio institucional que habilite a Menem para un tercer período consecutivo. La confusión de los dirigentes -y del propioPresidente- es grave y preocupante. En primer lugar, es necesario señalar que la Constitución no proscribe a ningún ciudadano en particular. Lo que establece es una norma de alcance general, contenida en su artículo 90, que dispone que el presidente de la República dura en sus funciones cuatro años y podrá ser reelegido "por un solo período consecutivo".
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