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La Corte Suprema de Justicia, en múltiples sentencias ha defendido la ejecutabilidad de las leyes, decretos ejecutivos, resoluciones de Gabinete, hasta que no se declare la inconstitucionalidad de las primeras o la nulidad declarada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de los demás actos de gobierno.
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