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Terminada la Guerra de Independencia, las elites chilenas se vieron en la necesidad de crear una nueva institucionalidad para gobernar el país. La mayoría de quienes participaron del proceso emancipatorio se inclinaron por una forma de gobierno republicano, diferente a la experiencia autoritaria de Bernardo O'Higgins y de sus dos constituciones (1818 y 1822). En ese contexto hubo consenso con respecto a la eliminación de los caudillismos, a pesar de su presencia, por lo que la diferencia ideológica se centró en el sistema democrático y las formas de representatividad.
En 1823 se puso en vigencia la "Constitución moralista" de Juan Egaña que dividió rápidamente a las facciones. Por una lado estaban los "pipiolos", quienes estuvieron compuestos por liberales centralistas que creían en un gobierno democrático y en un Estado basado en la figura presidencial. En este grupo se incluyeron también los liberales federalistas que creían en una conjunción entre gobiernos locales donde predominaran los intereses de las provincias, dejando el gobierno central encargado de asuntos de carácter nacional.
Por otro lado, estaban los "pelucones", un grupo mucho más diverso donde se reunieron españoles, criollos monarquistas, conservadores católicos, o'higginistas que pretendían el retorno del ex Director Supremo y los "estanqueros" compuestos por comerciantes liderados por Diego Portales. Ambas facciones estuvieron centradas en generar un proyecto que les permitiera dar forma al Estado.
Uno de los primeros problemas que enfrentó a ambos grupos fue la situación económica del país después de la guerra y la definición de una política económica idónea para salir de la crisis. En ese sentido, los pipiolos se inclinaron por un sistema económico abierto, es decir, aplicando bajos aranceles e impuestos al intercambio comercial para fomentarlo. Entre los pelucones, en cambio, predominó la idea de un cierto grado de proteccionismo a través del gravamen de impuestos a las importaciones para propiciar el comercio libre sin que se dañara la agricultura, la minería y la incipiente industria local.
Otro elemento de discusión fue la libertad de culto. Los conservadores pretendieron proteger a la Iglesia católica, mientras que los liberales tendieron a permitir el culto de otras religiones. Este panorama se mantuvo entre 1823 y 1827, período de vigencia de la Constitución Egañista, donde la inestabilidad política y la sucesión constante de nuevos gobiernos fue la norma.
En 1828 los liberales centralistas comenzaron a ganar mayor fuerza y lucharon por la apertura de un nuevo proceso constituyente, que dio como resultado la Constitución Liberal de 1828.