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Answer 1

COVID-19
Hace unas semanas, el COVID-19 cambió radicalmente nuestras vidas y, cómo si no fuera suficiente, la corrupción nos estaba esperando en las sombras. Desafortunadamente, este mal atenta contra todo y todos: la Paz, el Planeta, la Prosperidad, las Personas y las Partnerships (Alianzas), las cinco “Ps” de la Agenda 2030.
La salud – nada menos que un derecho humano – no es la excepción. De hecho, las personas más vulnerables y desfavorecidas son las primeras en sufrir las consecuencias de este flagelo: pobres, LGBTI+, migrantes y enfermos. La corrupción pone la vida misma – nuestro derecho más preciado – en peligro. Literalmente. La vida de gente como usted y como yo, la de un ser querido, una amiga, un conocido, una vecina o un colega. No somos estadísticas, somos ciudadanas y ciudadanos que ejercemos una función social en nuestras comunidades.
Cada niña, niño, joven, adulto, anciana y anciano sin acceso a servicios de salud, es una víctima visible o invisible de la correlación entre el daño social de la corrupción y la violación de derechos humanos.
Si queremos vivir en sociedades que no dejan a nadie atrás y alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, debemos defender los derechos humanos y atacar la corrupción. Afortunadamente, los derechos humanos, la integridad y el buen gobierno se basan en los mismos principios, como la transparencia, rendición de cuentas e inclusión.
Absolutamente todas las personas podemos contribuir: el sector público, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, los medios de comunicación, usted y yo.
Podemos empezar con (i) conocer nuestros derechos como ciudadanía responsable, (ii) enseñar a niños y niñas que la corrupción es inaceptable, (ii) denunciar casos (como vemos al periodismo investigativo hacer todos los días), (iii) rehusar el pago o la aceptación de sobornos, y (iv) exigir a las autoridades que la lucha contra la corrupción forme parte de todas las políticas de desarrollo. Los ejemplos demuestran que ninguna persona está indefensa ante la corrupción y, bajo esa óptica, la prevención y la persecución de ésta se convierten en una gran oportunidad para hacer justicia.
Al copatrocinar la Resolución de las Naciones Unidas sobre COVID-19 del 30 de abril, el Gobierno mexicano también dio un mensaje contra el poder corrosivo de la corrupción. En última instancia, se trata de garantizar el acceso justo, transparente y equitativo de todos los equipos e insumos para la atención de la pandemia a nivel mundial.
Con este fin en mente, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito está trabajando codo a codo con las autoridades federales y algunas estatales. Un ejemplo de esto es el apoyo a la Secretaría de la Función Pública para generar una cultura de integridad en el sector privado en general, a través del Padrón de Integridad, y los sectores productivos en especial. La idea es comenzar con aquellas empresas que venden bienes y servicios al gobierno.
La participación ciudadana y la confianza son clave porque la corrupción precisamente rompe los vínculos entre la ciudadanía y la administración pública, igual que entre los negocios y los consumidores. Una sociedad carente de confianza entre sus instituciones y la ciudadanía es una sociedad sin brújula. Llámese buen gobierno, integridad o ética, las medidas anticorrupción tienen que incorporarse en toda la función pública.