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En tres oportunidades, la Corte Constitucional ha evaluado el uso del glifosato y la aspersión aérea para combatir los cultivos ilícitos en el país. De acuerdo con las conclusiones de las sentencias, la Corte ha evidenciado posibles afectaciones a la salud y al medio ambiente con el uso del herbicida.
Por ejemplo, en la sentencia T-300 de 2017 la Corte estudió la fumigación aérea en zonas cercanas a cinco cabildos de la comunidad indígena Nasa y un resguardo indígena ubicado en el departamento de Putumayo.
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