Respuestas
Respuesta:
Existe asimismo una creciente conciencia en las sociedades avanzadas acerca de la necesidad de considerar la conservación del medio ambiente como una gran prioridad política. Este planteamiento ha supuesto la incorporación de las cuestiones ambientales en la agenda política con la articulación de partidos políticos, asociaciones y grupos que enarbolan esta bandera y defienden las cuestiones de conservación y calidad del ambiente como el valor de mayor calado para la adecuada relación entre el hombre y la naturaleza por su incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos. Es fundamental poner de relieve que estas posiciones que mueven y atraen una parte importante de las ideas y movimiento progresistas son, paradójicamente, profundamente conservadoras en lo que atañe al progreso en relación con la naturaleza. Prefieren lo que existe, el resultado de cuatro mil años de evolución, en el que han jugado un papel activo algunos de los problemas que denuncian -pero que ya no combaten-, antes que apoyar posibles desarrollos que tienen su raíz en nuevas expectativas tecnológicas. Prima la desconfianza como consecuencia de las negativas experiencias anteriores -catástrofes nucleares y marítimas; las graves repercusiones climáticas del uso de los clorofluorocarbonos y del masivo consumo energético; la acumulación de residuos, muchos de ellos peligrosos y, en todo caso, nocivos para el entorno; el uso indiscriminado de pesticidas-. Esta actitud pesimista penetra a través de todas las posiciones ambientalistas, independientemente de la mayor o menor racionalidad de sus posturas, lo que ha conducido a establecer como gran principio que la implantación de nuevas tecnologías no supone sólo beneficios sino que, por el contrario, puede estar en la base de nuevos -no deseados ni deseables- riesgos y eventuales perjuicios para la calidad de vida de los ciudadanos.
Explicación:
En la encrucijada de este conflicto se encuentra, por tanto, la política científica y tecnológica cuya formulación lleva aparejada una necesaria apuesta por el fomento de nuevas tecnologías o tecnología emergentes. No se puede olvidar sin embargo, que la política científica y tecnológica es un área relativamente joven.
Desde la década de los cuarenta hasta la crisis de los setenta, su práctica se había orientado a los problemas de atribución de recursos y a la puesta en marcha de sistemas organizativos, principalmente en los países desarrollados.
Durante este período, el aporte teórico fue relativamente escaso. A lo largo del mismo, proliferó la idea de que la ciencia caía fuera de la gestión política (policy making) por lo que se defendía el principio de una política para la ciencia (politics for science). Como señalaba Arie Rip (1981) hace más de una década al esbozar la necesidad de una aproximación cognitiva a la política científica, "aquella posición estaba legitimada por la idea de que la ciencia, que tiene que ver con el conocimiento, no tiene una relación intrínseca con la política (politics) que concierne al poder".