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Dos informes recientes
Naciones Unidas acaba de presentar el primer Informe Global sobre la situación de los más de 370 millones de indígenas del mundo. El Informe fue elaborado por siete expertos independientes, producido por la Secretaría del Foro Permanente de Asuntos Indígenas, y presentado simultáneamente en nueve ciudades capitales. Bogotá fue una de ellas.
El Informe analiza la situación de derechos y libertades fundamentales de los indígenas y consta de seis apartes referentes a la pobreza, la cultura, el ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos. Su conclusión más importante es reiterar que las culturas indígenas están bajo amenaza de desaparición. Los pueblos indígenas siguen presentando los peores índices de pobreza, desempleo y analfatebismo; representan la tercera parte de la población más pobre del mundo, y en todos los países viven en condiciones alarmantes.
Con ocasión de ese Informe de carácter global, este artículo analiza la situación de los pueblos indígenas de Colombia a la luz de un segundo Informe que fue publicado el pasado 8 de enero, Sobre La Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas. La Situación de los Pueblos Indígenas en Colombia: Seguimiento a las Recomendaciones hechas por el Relator Especial Anterior[1]. El actual Relator Especial, Profesor James Anaya, visitó Colombia en julio de 2009 y las observaciones y recomendaciones de su Informe se desprenden de esa visita y del intercambio de información con el Gobierno y otros actores.
Lo que dice el Informe de Seguimiento
Después de los reconocimientos de rutina y «políticamente correctos» al gobierno colombiano por su buena voluntad, apertura y un «patente» interés en promover los derechos de los pueblos indígenas mediante la «formulación de (buenos) planes«, este Informe califica la situación como precaria y agrega que «no ha sido afrontada con la urgencia que la gravedad merece».
En efecto, el documento afirma que la situación se ve agravada por un conflicto armado cuyos efectos nocivos (desplazamiento forzado, confinamiento, minas antipersonal, masacres, homicidios, reclutamiento, entre otros) afectan de manera desproporcionada a los pueblos indígenas. También certifica que los problemas más apremiantes se refieren a sus derechos a la tierra y los recursos naturales, así como a su participación en la toma de decisiones que afectan su vida, su cultura y su territorio. Pero ante todo se ocupa de denunciar las enormes brechas en los derechos económicos, sociales y culturales con respecto al resto de la población.
Sostiene el documento que la precariedad con la que sobreviven los pueblos indígenas en Colombia subsiste y que es grave, crítica y profundamente preocupante, además de reflejar la inoperancia de una legislación avanzada y la poca efectividad de la institucionalidad responsable. En pocas palabras, Colombia cuenta con leyes y normas progresistas, tanto a nivel nacional como por su obligación de cumplir con el derecho internacional, pero en la práctica, esas medidas no sirven para proteger los derechos de los pueblos indígenas.
Un ejemplo incuestionable de la inoperancia de las Alertas Tempranas, los Informes de Riesgos, los Planes de Salvaguarda y de las denuncias de las autoridades y líderes de los pueblo indígenas, es que a pesar de que el Gobierno desarrolló un Plan de Salvaguarda y Programa de Garantía para el pueblo Awá en julio de 2009, en agosto 26 del mismo año se perpetró una nueva masacre donde murieron acribillados siete niños y cinco adultos. Esto significa que la buena voluntad, apertura e interés del gobierno no está protegiendo vidas. La realidad, según la Corte Constitucional, de que 34 pueblos indígenas en el país se encuentran amenazados «con el exterminio cultural o físico» [2]no ha cambiado.