Enumere y escriba, cuáles fueron las consecuencias de la consolidación del poder paramilitar. ¿Estas consecuencias persisten hoy en día?

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Respuesta dada por: karenvisan
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Respuesta:

“La historia de Colombia ha estado marcada por la violencia, producto de desigualdades sociales, en los ámbitos político, económico y social. Desde la época de la Colonia, se “reclutaba” a los campesinos para que formaran parte de ejércitos privados, con el fin de resguardar los intereses de los hacendados y de la Corona.

Posteriormente y durante las guerras del siglo XIX los grandes latifundistas financiaron estos ejércitos para que protegieran sus tierras y sus privilegios. A partir de la violencia de los años 40, mientras que la Policía armaba los campesinos llamados Chulavitas, para atacar a las poblaciones liberales y asegurar el triunfo del partido conservador, los terratenientes utilizaron a los llamados “Pájaros o Guerrillas de Paz” con el fin de salvaguardar sus propiedades y extenderse territorialmente.

Ya en los años 50, el Coronel Sierra Ochoa sistematizó esta política de represión y en 1.962, luego de una visita al país del General Yarborough, Director de investigaciones del Centro de Guerra Especial de Fort Bragh (Carolina del Norte- EU), encargado de revaluar la estrategia militar de EU en Vietman, Argelia y Cuba, redactó un Suplemento Secreto al Informe de su visita que hablaba de la creación de organizaciones de “tipo antiterrorista” y para la “lucha anticomunista”, [1] en los siguientes términos” [2] “Debe crearse ahora mismo un equipo en el país acordado para seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión, por si se necesitaren después”.

En desarrollo de esta estrategia contrainsurgente, y sustentada en la doctrina de seguridad nacional, es dictado el decreto 3398 de 1965, convertido en legislación permanente con la ley 48 de 1968, que sirvieron para que la Fuerza Publica organizara la "defensa nacional", "defensa civil" y entrenara, dotara de armas y adoctrinara a habitantes en zonas de Conflicto con la finalidad de involucrarlos directamente en la confrontación y los apoyara en la lucha contrainsurgente , es decir estas normas fueron el fundamento para la promoción y organización de las "’autodefensas", y/o paramilitares.

2. Segunda Fase : 1989 - 1994: ilegalización y relegalización del paramilitarismo. [3]

El artículo 33 de la Ley N° 48 de 1968 estuvo vigente hasta 1989, cuando su aplicación suspendida por el Decreto N° 815 de 1989. Pero como lo señaló la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “Sin embargo, no se previó su desmantelamiento efectivo ni se hizo un deslinde claro con el Estado.” [4]

De hecho grupos paramilitares siguieron operando. Con la "Estrategia Nacional contra la Violencia" lanzada en 1991, bajo la administración de César Gaviria Trujillo (1990-1994), que significaría una reorientación de la doctrina de seguridad del Estado, [5] se adoptarían medidas que conllevarían a la legalización del paramilitarismo: las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, conocidas como "Convivir". las "Convivir" [6] serían creadas desde 1993, con el decreto 535 de 1993 y luego el mediante el decreto 356 de 1994 o “Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”.

Algunos de los actuales jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), crearon en esa época “Convivir”. Tal es el caso de Salvatore Mancuso, quien lideró una asociación “Convivir”, que según fuentes oficiales se dotó regularmente con 15 subametralladoras, 15 pistolas automáticas calibre 9 mm., y 15 fusiles. [7]. Numerosos observadores de la situación de derechos humanos en Colombia concluirían que en el país siguieron existiendo dos órdenes de grupos paramilitares: unos legales - las "Convivir" - y otros ilegales.

También se adoptarían medidas de modernización de las Redes de Inteligencia de las Fuerzas Militares [8]que significarían el desarrollo de estructuras paramilitares clandestinas. En desarrollo de estas medidas se constituyó la Red N° 7 de Inteligencia de la Armada, al amparo de la cual operaron grupos de exterminio y estructuras paramilitares y fueron cometidos más de un centenar de asesinatos y desapariciones forzadas. Según investigaciones judiciales y disciplinarias los miembros de la Red N° 7 de la Armada estuvieron implicadas en 68 asesinatos y 11 atentados entre 1992 y 1993.

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