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No podemos procesar tantas respuestas en tan poco tiempo. Danos un momentito antes de volver a intentar.
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En el marco del anuncio de nuevos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, el 4 de octubre pasado, el secretario Aurelio Nuño dio a conocer siete ejes para apuntalar la Reforma Educativa durante los próximos tres años. El sexto de ellos propone “vincular al sistema educativo con el mercado laboral”. En días recientes, en un artículo firmado por el propio secretario en Milenio (“Siete pasos clave de la reforma educativa”, 12/10/15), se especifican algunas de las estrategias mediante las cuales se pretende pasar de las intenciones a las acciones. Con respecto al tema de la vinculación entre educación y mercado laboral, el secretario señaló tres estrategias: trabajar “cercanamente con las instituciones de educación superior, públicas y privadas para que la formación que reciben nuestros jóvenes sea de mayor calidad y más pertinente, y de esa manera puedan encontrar más y mejores trabajos”; dar un “renovado impulso a la educación tecnológica y a la formación dual, al mismo tiempo que mejoremos la orientación vocacional de los jóvenes”; finalmente, con menos concreción con respecto a la estrategia a seguir, el secretario propuso que “la investigación y la generación de conocimientos deben ayudar al desarrollo de nuestra economía”. A continuación, ofrezco algunas reflexiones alrededor de la primera estrategia.
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Históricamente, la preocupación por la vinculación de la educación con el mundo del trabajo ha ido de la mano con el crecimiento de la matrícula educativa. A partir de los años sesenta, con la aparición y auge de la teoría del capital humano, los gobiernos introdujeron paulatinamente una serie de políticas de planeación educativa que buscaban adecuar la formación de recursos humanos con las demandas del mercado de trabajo. Aunque ha sido ampliamente debatida, la teoría del capital humano sigue teniendo buena acogida entre los tomadores de decisiones a nivel político y económico –como se puede ver en la declaración del secretario Nuño– gracias al atractivo de su premisa fundamental: a mayor educación mayor crecimiento económico, tanto a nivel individual como social. Sin embargo, el cumplimiento de esta promesa ha sido desigual para la población y se ha experimentado de manera diferenciada según el periodo económico que se analice.
La desigualdad de los retornos educativos en el ámbito laboral se ha estudiado ampliamente, principalmente desde la investigación educativa, sociológica y económica, pero al ser un tema tan sensible, el debate es terreno fértil para la opinión sin sustento empírico. Como bien lo señalan Wietse De Vries y Yadira Navarro (2013), nos encontramos en una especie de “ambiente bipolar”: por un lado un cierto optimismo que deposita indiscriminadamente en la educación todas las esperanzas de progreso social y, por otro, un pesimismo que pone el reflector únicamente en los problemas que padecen los egresados en su inserción laboral o en los empresarios que no encuentran candidatos suficientemente preparados para ocupar sus vacantes. Basta con revisar periódicamente la prensa para encontrar declaraciones de políticos y analistas que van desde el extremo de prometer educación superior universal, hasta la petición –casi exigencia– de reducción de la matrícula en las universidades públicas, con argumentos como “sobran licenciados”, ganan más las botargas de cierta cadena de farmacias de medicamentos genéricos o mi primo es abogado pero trabaja de taxista.
La investigación sobre el tema nos indica que se trata de un fenómeno con más preguntas que respuestas (De Ibarrola, 2010), y que las posturas extremas, lejos de abonar a la discusión, confunden a la población sobre los beneficios reales que aporta la educación. Reconociendo que existe un margen de mejora, considero que es importante reconocer, por un lado, que los fines de la educación trascienden las necesidades del mercado de trabajo y, por otro, que las empresas no dependen exclusivamente de la educación formal para capacitar a sus potenciales empleados. Si tomamos como ciertas estas dos premisas, es preciso que, desde la política pública, se tome cierta distancia del “enfoque proveedor-cliente”, que asume la existencia de un “cliente” –las empresas–que contaría con información completa sobre las demandas que requiere y un “proveedor” –el Estado– que suministraría a los egresados necesarios para cubrir dichas demandas. Suponiendo que las empresas tuvieran certeza plena del perfil de trabajador que requieren, algo que de suyo resulta problemático, existe un desfase natural entre el momento en que se requiere dicho perfil y el tiempo que toma al sistema educativo “producirlo”. Además, esta postura suele ignorar el potencial de innovación para las empresas que los egresados pueden aportar en su desempeño profesional, el llamado “efecto oferta” (Planas, 2011).
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