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Respuesta:
El presidente más popular de la historia reciente de Colombia fue privado de su libertad por un caso que él mismo inició.
Este martes, la Corte Suprema de Justicia ordenó el arresto domiciliario de Álvaro Uribe, que se convirtió en el primer presidente de la historia del país en tener que cumplir dicha sanción.
El exmandatario, de 68 años y mentor político del actual presidente, Iván Duque, es acusado de fraude procesal y soborno.
Álvaro Uribe: Corte Suprema de Colombia ordena el arresto domiciliario del expresidente
Uribe se declara inocente y asegura que detrás de su detención preventiva hay una persecución política que ha afectado judicialmente a decenas de sus aliados.
Los simpatizantes acusan a los tribunales, las mismas que le impidieron la segunda reelección en 2009, de dejarse presionar y responder a intereses políticos.
Explicación:
Uribe es investigado por decenas de delitos, la mayoría de los cuales tienen que ver con el surgimiento de grupos antisubversivos en los años 90 y violación de derechos humanos.
Pero el caso que lo priva de la libertad ahora arrancó con una paradoja.
Por qué Álvaro Uribe sigue siendo el político más popular de Colombia pese a las numerosas acusaciones en su contra.
El caso que él inició
Todo empezó en septiembre de 2014, cuando, durante un debate en el Congreso, el senador Iván Cepeda, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, acusó a Uribe de tener nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes.
Para apoyar su acusaciones presentó varios testimonios de antiguos paramilitares.
Concretamente, señalaba a Álvaro Uribe de haber fundado, junto a su hermano Santiago, el Bloque Metro, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo armado que enfrentó a las guerrillas durante décadas de manera sanguinaria y que dejó miles de civiles muertos.
Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente, se encuentra arrestado y en medio de un juicio por la creación de otro grupo paramilitar llamado los Doce Apóstoles.
Respuesta:
El 22 de octubre de 1997 un grupo de paramilitares irrumpió en El Aro, un humilde caserío de Ituango en el norte de Antioquia. Según se supo años después, la idea era “borrar el pueblo” que por su ubicación geográfica en el corredor del Nudo del Paramillo, era una zona estratégica para la guerrilla. Cerca de 150 miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá llegaron al lugar y durante cuatro días torturaron y asesinaron a 15 personas, quemaron la mayoría de las viviendas, se robaron más de 1.000 reses y obligaron a desplazarse a los que quedaron vivos. Por esos hechos la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano en 2006.
El intento de vincular al expresidente Álvaro Uribe con ese fatídico episodio no es nuevo. Según él mismo dijo en sus declaraciones en radio lleva varios años desmintiendo ese tipo de versiones.
En ese momento Uribe era gobernador de Antioquia y Pedro Juan Moreno era su secretario de Gobierno. Las versiones que los involucran en la masacre han salido en los procesos de Justicia y Paz en los que los paramilitares tenían que contar la verdad del conflicto armado a cambio de beneficios penales. De hecho, antes del testimonio de Don Berna, en dos oportunidades el Tribunal Superior de Medellín ya le había compulsado copias a la Corte Suprema para que investigara al expresidente.
La Corte Suprema anuló el primer proceso, y el segundo todavía está pendiente. Se trata de un fallo de febrero de 2015 contra Cuco Vanoy, uno de los responsables de esa masacre. En ese proceso una de las víctimas, Rosa María Posada, cuyo esposo fue torturado y asesinado, declaró que durante los días de la incursión paramilitar el helicóptero amarillo de la Gobernación sobrevoló la zona. La aeronave es importante para la investigación porque los abogados de las víctimas sostienen que llegaron por vía aérea los suministros que permitieron que el bloque pudiera permanecer los cuatro días que duró la masacre.