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En el largo periodo de los dolores del parto que sufrió México para dar a luz el Estado–nación, después de su independencia de España, no sólo se estaba definiendo el carácter de ese Estado sino también el del sistema político que regiría los destinos de la nación que se soñaba formar. Parte de las determinaciones en marcha son también las particularidades que debe tener la sede de los poderes nacionales, la entidad que fungirá como capital del país, lo que hoy es el Distrito Federal, o ciudad de México. La confrontación entre los dos principales bandos que desde el inicio de esta batalla se van configurando, hasta tener un claro perfil de liberales, por un lado, y conservadores, por el otro, es por una república federalista o una centralista, respectivamente. Concomitantemente los federalistas pugnan por la creación de un Distrito Federal como sede de los poderes federales, mientras los centralistas no tienen ningún empacho en mantener la ciudad de México como asiento de sus poderes, pero con una férrea centralización del poder y con una estructura política y territorial diferente a la de los liberales.
Empero, no obstante la vocación federalista de los liberales y de su tarea de formar ciudadanos libres y con derechos democráticos, en los hechos, en el caso del Distrito Federal, a pesar de la existencia de municipios y ayuntamientos, aplican una política bastante centralista y antidemocrática, que los lleva a conculcar los derechos políticos de los habitantes de la capital del país. En este punto hay bastante coincidencia con los conservadores, aunque estos llevan ese fenómeno a niveles aún más extremos. Sea que gobiernen liberales o conservadores, es el presidente en turno quien designa al gobernador de la entidad, y las elecciones de los ayuntamientos se efectúan de manera indirecta.
Finalmente, ambos núcleos del poder, liberales y conservadores, comparten el interés de tener bajo total control político a la ciudad capital, de jure y de facto el gobierno de ésta es dejado en manos del presidente de la República. Tal parece que temen que las libertades democráticas plenas en dicha entidad puedan causarles problemas que pongan en peligro sus intereses económicos y políticos, les parece más fácil gobernar el país manteniendo subordinada a su capital. Es pertinente destacar que todas estas pugnas y confrontaciones se dan entre los grupos de poder, porque el pueblo, en general, es un simple espectador, y en ese nivel tratan de mantenerlo tanto los liberales como los conservadores.
Asimismo, en la disputa temprana que se da por la sede del Distrito Federal, y más aún del lugar donde deben desarrollarse las labores de los Congresos Constituyentes de 1822 y 1824, subyacen diversos intereses económicos y políticos de las clases emergentes, las que por esa vía buscan sus respectivos fortalecimientos. Unos no quieren que de esa forma sigan siendo favorecidos los de la ciudad de México, y otros desean aprovechar en beneficio propio la ventaja de tener al lado los poderes federales. Sin embargo la ciudad de México tendrá a su favor su centenaria tradición de haber sido sede de los poderes desde la época de los aztecas. Pero esto no la salvará de vivir los siglos XIX y XX con sus derechos políticos conculcados, y aún en el siglo XXI, a pesar de que ya los ciudadanos pueden elegir al jefe de gobierno y a los jefes delegacionales, el Distrito Federal no cuenta con todos los derechos que tiene cualquier estado de la República.
En la larga y sinuosa historia de la construcción de la vida política del México independiente, y de las instituciones a través de las cuales los mexicanos serán sus actores, una constante que siempre está presente es la disposición de sus élites gobernantes para conculcar los derechos políticos de los habitantes de la ciudad capital, quienes frente a dicha adversidad se organizarán, movilizarán y lucharán para recuperarlos, recibiendo como respuesta la tajante negativa o concesiones a cuenta gotas.
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