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Esta práctica genera perjudicados: el consumidor que pagará precios más caros que los que abonaría en caso de que hubiera competencia y/o tendrá menos opciones para elegir y en algunos casos otras empresas que quedan fuera del acuerdo y sufren las consecuencias de ello. Es una realidad ilegal que en Uruguay pasa más de lo que se detecta, coinciden el gobierno y la academia
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espero que te sirva :)
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