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Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial (CIEDR) en
1981, mediante la ley 22 del mismo año. Más de
un cuarto de siglo después, la implementación
de las acciones a las que se obligó el Estado es
una tarea pendiente. En efecto, como se verá a
lo largo de este informe, las políticas y acciones
del Estado contra la discriminación racial han sido
tímidas e intermitentes y han respondido más a
las presiones de la sociedad civil y los organismos
internacionales de derechos humanos que a una
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arraigadas prácticas de discriminación racial en el
país.
2. En Colombia las principales víctimas de la
discriminación racial y el racismo son los miembros
de los pueblos indígenas y las comunidades
afrodescendientes1
. A lo largo de este informe
1 Existe un debate académico y social sobre el término que debe ser
utilizado para referirse a la población cuyos derechos son el objeto
de este informe: negra, afrodescendiente o afrocolombiana. A
estos términos se suman los referidos a las personas originarias
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(de Palenque, Bolívar) y raizales (del archipiélago de San Andrés
y Providencia). Dado que este informe no pretende mediar en
estas discusiones, sino ceñirse a la documentación de violaciones
de derechos humanos, no se toma partido por ninguna de
estas denominaciones. Utilizamos, por razones prácticas, la
terminología más incluyente que adoptó el censo de 2005
como resultado de la presión del movimiento afrocolombiano:
población negra, afrodescendiente, palenquera y raizal. También
por razones prácticas y brevedad de exposición, a lo largo del
informe acudimos con frecuencia a las formas resumidas que
distintos actores sociales y estatales utilizan, esto es, ‘población
afrodescendiente’, ‘población afrocolombiana’ o ‘población
negra’. Siempre que se usan estas versiones abreviadas se está
haciendo alusión a la expresión más extensa e incluyente.
se demostrará cómo la precaria situación de
garantía de los derechos de los pueblos indígenas
y las comunidades negras revela la existencia y
persistencia de racismo estructural en Colombia.
Muchos factores de exclusión y marginalidad son
compartidos tanto por los pueblos indígenas como
por la población afrodescendiente. Sin embargo,
otras formas de vulneración se presentan de
poblacionales. En este informe presentaremos tanto
unas como otras. La exposición de estas prácticas
permitirá al Comité observar la precaria situación
de implementación de la CIEDR por parte del
Estado colombiano.
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