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También se está buscando apoyar a los sectores productivos y segmentos de la población vulnerable, como los seguros de desempleo y pensiones.
Teniendo en cuenta los altos niveles de informalidad laboral y empresarial en América Latina, es necesario extender el apoyo y alcanzar a los segmentos de ingresos más bajos de la población y sectores productivos más vulnerables, como las mipymes, a través de mecanismos como las transferencias directas. También será necesario incluir a trabajadores independientes y profesionales de clase que prestan servicios personales, sin seguro de desempleo, con poca capacidad de ahorro y que no perciben las transferencias sociales de los grupos más vulnerables.
Las autoridades enfrentan enormes desafíos para alcanzar los objetivos esperados.
En primer lugar, son pocos los países de la región con espacio para adelantar estímulos fiscales que respondan a la magnitud de esta crisis. Buena parte de los países atraviesan procesos de consolidación presupuestaria para restaurar o garantizar la sostenibilidad de su deuda, hecho que reduce su margen de maniobra. En este sentido, muchas de las medidas representan adelantos de gastos o reasignaciones de partidas presupuestarias, más que estímulos adicionales.
En segundo lugar, el cese de la actividad doméstica implicará un deterioro sustancial de los ingresos fiscales, algo que reducirá aún más el espacio para aplicar medidas necesarias como la reducción de impuestos o la expansión del gasto.
En tercer lugar, el pánico financiero en los mercados internacionales limitará las posibilidades de endeudamiento, y esto restringirá el margen de acción, especialmente en los países con mercados financieros domésticos poco desarrollados y que recurren mayormente al financiamiento externo.