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Explicación:
Desde un anhelado deber ser, y en el contexto de una democracia restringida, un Estado débil y precario, una sociedad civil atomizada y una sociedad de masas, el ciudadano colombiano debería de saber diferenciar los ámbitos de lo público y lo privado. Y en esa misma lógica, tomaría decisiones políticas (electorales, en particular) basadas en ejercicios autónomos y racionales, frutos a su vez, de la comprensión de la compleja historia política de Colombia.
Pero la realidad es otra. Digamos, entonces, que el ciudadano colombiano promedio actúa en la esfera de lo público, anclado profundamente a emociones abiertamente irracionales, en especial aquellas articuladas a la tradición, a la moral religiosa, a la Fe en un Dios castigador, o a las ideas de Pastores que, a cambio de onerosos diezmos, guían las actuaciones y las decisiones de esos “ciudadanos” cada vez más investidos de feligreses y obedientes borregos y cada vez menos, actuando desde una pleno ejercicio de la ciudadanía.
No hay nada más contrario al espíritu y al concepto de ciudadano, que una persona que deposita su felicidad en un tercero, o que cede su autonomía para que ese tercero, investido de Pastor, le diga qué hacer, por quién votar o cómo afrontar la vida.
Si algo comprendimos los colombianos después del inesperado resultado de la jornada plebiscitaria del 2 de octubre de 2016 es que la Fe en Dios aún guía la vida de millones de compatriotas que ese día, optaron por decirle NO a la refrendación popular del Acuerdo Final (I), guiados por las “órdenes” de Pastores de varias iglesias, entre estas las cristianas, que leyeron los acuerdos en clave de doble moral y con el profundo temor que les generó la posibilidad de que el país empezara a caminar sobre senderos de libertad, pensamiento crítico y de reconocimiento de las diferencias, claramente prohibidas en iglesias y sectas afectas a la tradición