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Desde ONU Mujeres recuerdan la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas e instan a «invertir en la prevención de la violencia contra las mujeres». Consideran que «debe ser un imperativo para la gestión de la crisis y la recuperación».
Según los datos ofrecidos por Naciones Unidas, esta violación de derechos humanos afecta en promedio a una de cada tres mujeres de América Latina y Caribe a lo largo de su vida. En 2018, hubo al menos 3.800 víctimas de feminicidios. Además, advierten de que «la magnitud real del fenómeno está subestimada y que la emergencia sanitaria lo está agravando aún más».
Durante la cuarentena, en Bolivia se han producido cuatro feminicidios y 1.200 casos de violencia contra mujeres.
En Argentina la línea telefónica de emergencia 137 registró un incremento del 67% en las llamadas en abril, con respecto al mismo mes de 2019. Una segunda línea, la 144, vio un aumento de llamadas del 40% desde que el Gobierno ordenó el confinamiento obligatorio el 20 de marzo.
En Chile, autoridades informaron de que las llamados a una línea telefónica de ayuda se habían incrementado un 70% en el primer fin de semana de cuarentena.
En Brasil, concretamente en Río de Janeiro, han experimentado un incremento del 50% de denuncias por violencia de género. Y, en Colombia, 12 mujeres fueron asesinadas en un periodo de 16 días.
En Uruguay, explican, el Instituto Nacional de las Mujeres ha realizado esfuerzos de mayor difusión de la línea telefónica 08004141 y reconoció que desde que se decretó la emergencia sanitaria en el país, se constató un aumento significativo de llamadas.
En este contexto, la ONU solicita asegurar que los servicios de atención y respuesta a la violencia contra las mujeres se consideren servicios
esenciales durante la pandemia y facilitar el acceso a través de mecanismos alternativos, incluyendo redes de alerta solidaria a nivel territorial y comunitario.
También, trabajar de manera muy estrecha con las organizaciones de mujeres de base y de la sociedad civil. Aumentar la inversión en la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas durante la crisis y en la fase de recuperación para evitar impactos devastadores en las mujeres, niñas y niños y en la sociedad en su conjunto.
Proponen campañas públicas y medidas eficaces de tolerancia cero hacia los perpetradores de violencia, asegurar que los servicios policiales y judiciales prioricen la atención y sanción de la violencia e involucrar a la comunidad en su conjunto a unirse contra la violencia de género.
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