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Respuesta:Mientras dura la pandemia del coronavirus (COVID‑19), Gobiernos y servicios de emergencia están centrados en las necesidades inmediatas: aumentar la capacidad de los hospitales, hacer frente al hambre y proteger a familias y empresas frente a desalojos y quiebras. Buena parte de los fondos que en estos momentos fluyen desde el Banco Mundial, el FMI, otros bancos regionales de desarrollo o los bancos centrales se destinan a proporcionar recursos para equipos de protección en los hospitales, estabilizar las instituciones financieras, pagar a las empresas para que suministren bienes y servicios a los trabajadores esenciales o prestar apoyo monetario directo a los hogares.
Al mismo tiempo, en algunos países se han iniciado ya los trabajos preliminares sobre cómo debe ser la próxima fase de recuperación y sobre la función que debe desempeñar una acción pública enérgica para impulsar la demanda, proporcionar ingresos de sustitución y facilitar nuevas inversiones. En un artículo anterior señalamos que la fase de recuperación puede ayudar a crear prosperidad y resiliencia al contribuir al potencial de los países en su camino hacia el desarrollo, así como a su sostenibilidad a largo plazo. Algunos países transmiten señales alentadoras, entre ellos China (i), Alemania (i) y Corea del Sur (PDF, en inglés), donde los factores medioambientales se están considerando como parte de la recuperación.
Las decisiones que tomen los Gobiernos para volver a poner en marcha su motor económico —entre ellas las referidas a los beneficios sociales, económicos y ambientales combinados a largo plazo que tratan de lograr mediante sus inversiones de estímulo— tendrán repercusiones trascendentales a la hora de garantizar que se pueda volver a construir mejor y con mayor solidez.
Una lista de verificación de la sostenibilidad
Son muchos los factores que los Gobiernos deben sopesar a la hora de elaborar su paquete de estímulos: las necesidades inmediatas, la capacidad institucional local, las condiciones del mercado, el margen de maniobra para obtener préstamos y el legado de las decisiones de inversión en infraestructura adoptadas en el pasado. Otros criterios que se deben evaluar en las intervenciones o inversiones de estímulo son su potencial de creación de empleo, el tiempo que lleva la puesta en marcha del proyecto, la posibilidad de que los fondos públicos ayuden a movilizar financiamiento privado para seguir apoyando un proyecto y el impacto en la trayectoria del carbono a largo plazo del país.
Tener en cuenta la sostenibilidad en su sentido más amplio significa también incluir criterios a más largo plazo como, entre otros, la descarbonización, resiliencia y capacidad de adaptación duraderas, y el impacto en el capital físico, natural y humano. Para proporcionar esta orientación más detallada a los responsables de formular políticas hemos elaborado un borrador de una lista de verificación de la sostenibilidad (que se perfeccionará en los próximos meses) que los ministerios pueden utilizar para evaluar o clasificar las propuestas de estímulo.
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