¿Por qué el gobierno actual no ha mostrado voluntad política para implementar lo que está escrito en el documento de los acuerdos finales?
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Respuesta:
El documento firmado el 26 de septiembre es ante todo un acuerdo por el cual las FARC renuncian a su proyecto, esbozado desde 1962, de llegar al poder por medio de las armas, y aceptan seguir las reglas de la democracia colombiana para buscar sus objetivos políticos.
El gobierno, por su parte, renuncia a imponer a los rebeldes los castigos definidos por la ley penal para sus delitos políticos, conexos o de otro tipo, y se transa por un conjunto de sanciones que permita a los miembros de las FARC actuar legalmente en política: sanciones breves y que no impliquen, por regla general, la pérdida de los derechos políticos para los dirigentes de la guerrilla.
En este sentido, el éxito del acuerdo está dado por el fin de las FARC como organización armada y su transformación en un partido que se somete a las normas legales y que se beneficia de algunos apoyos especiales para actuar.
En el contexto legal internacional actual, es imposible ofrecer a los miembros de las FARC una amnistía tan amplia como la que se dio al M-19: es preciso mostrar a la comunidad internacional que los delitos de guerra y de lesa humanidad no quedaron impunes y que los derechos de las víctimas a la justicia han sido satisfechos, al menos en algún grado aceptable, para evitar el riesgo de que el acuerdo sea demandado con éxito ante la Corte Penal Internacional y otras instancias. Esto lleva al sistema de justicia "transicional" que se describe más adelante, y a la búsqueda de una refrendación ciudadana del acuerdo: si el sistema tiene la sanción de los electores, se puede argumentar que cuenta en principio con la aceptación de las víctimas.
Dados los antecedentes de violencia contra la Unión Patriótica, el partido creado por las FARC en 1985, en medio de una negociación anterior de paz, y miles de cuyos miembros fueron asesinados en los años siguientes, el acuerdo se esfuerza por establecer mecanismos para garantizar la seguridad de los guerrilleros que se desarmen y de los miembros del nuevo partido político.
Por último, aunque el acuerdo parte de la idea de que la negociación es para lograr el abandono de las armas y el fin del conflicto armado, y de que la transformación que el país requiera debe ser el resultado de la confrontación política pacífica dentro de las reglas democráticas, aborda dos temas especiales por la relación muy estrecha que han tenido con el conflicto armado en las últimas décadas: el problema de la tierra y el del tráfico de drogas.
LA RENUNCIA A LA LUCHA ARMADA Y LA PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA DEMOCRÁTICA
El acuerdo establece que, en un máximo de 180 días a partir de su entrada en vigencia, las FARC entregarán las armas y buscarán promover sus ideas mediante la participación electoral y el debate democrático. Esto requiere:
La entrega de todas las armas de las FARC a representantes de las Naciones Unidas.
La definición de la condición penal de los guerrilleros, mediante una ley de amnistía, cuyos elementos centrales se resumen más adelante.
La formación de un nuevo partido político. Este partido contará con algunas condiciones favorables para su acción:
Entre 2018 y 2026 tendrá un mínimo de 5 senadores y 5 representantes, no importa qué proporción de votantes lo favorezcan. Si los votos recibidos permiten un número mayor de elegidos, esto no se tendrá en cuenta. Además, se crearán 16 circunscripciones temporales, vigentes durante los mismos años, para la Cámara de Representantes, en zonas donde el conflicto fue más fuerte. Como en estas zonas las FARC tuvieron influencia notable, es posible que puedan aprovechar estos antecedentes para lograr una representación proporcional elevada, pero otros movimientos pueden competir por estas curules, siempre que no participen en la circunscripción regional ordinaria. Esto quiere decir que normalmente los partidos tradicionales (liberales, conservadores, bloque democrático, cambio radical) no pueden participar, a menos que se camuflen en alianzas nuevas. Los electores en estas circunscripciones tendrán un derecho doble a elegir y el único partido que podría participar en ambas circunscripciones, parece, sería el nuevo partido.
El nuevo partido solo podrá funcionar después de que se haya concluido el desarme de las FARC. Durante el periodo de entrega de las armas las FARC no podrán actuar en política. Como hay temores de que no tenga un apoyo popular muy alto, entre 2018 y 2026 no se requerirá, para que conserve su personería jurídica, que pase el umbral electoral requerido a los demás partidos. Y durante estos años tendrá un tratamiento favorable para garantizarse acceso a medios de comunicación y recursos económicos para su funcionamiento: recibirá al menos el 10% del subsidio estatal a los partidos políticos.
Explicación:
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