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El inicio de la hegemonía conservadora en Colombia estuvo caracterizado por la promulgación de una nueva Constitución, acto llevado a cabo en 1886.
La nueva Carta Magna promovía el centralismo, dejando en manos del Presidente decisiones legislativas y de orden público, cuando se considerara que existieran conflictos internos.
Del Presidente dependían las autoridades de los municipios y departamentos, y éste tenía la potestad de denunciar a personas o grupos que considerara estaban ejerciendo acciones en contra del orden público.
La Iglesia Católica se vio beneficiada en esta Constitución, debido a que se estipulaba la religión católica como la religión oficial colombiana. A través de esta noción, la Iglesia tuvo influencia en distintos ámbitos.
La Constitución de 1886 restringía el derecho al sufragio a personas con cierto nivel económico y que no fueran analfabetas.
También creó las condiciones electorales ideales para mantener a los conservadores en las posiciones importantes de poder, lo cual generó descontento en los sectores opositores. A su vez, restableció la pena de muerte.