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Respuesta:
ME DAS CORONAAAAAAAAAAAAAAAA
Explicación:
10-2016.
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El gobierno, por su parte, renuncia a imponer a los rebeldes los castigos definidos por la ley penal para sus delitos políticos, conexos o de otro tipo, y se transa por un conjunto de sanciones que permita a los miembros de las FARC actuar legalmente en política: sanciones breves y que no impliquen, por regla general, la pérdida de los derechos políticos para los dirigentes de la guerrilla.
En este sentido, el éxito del acuerdo está dado por el fin de las FARC como organización armada y su transformación en un partido que se somete a las normas legales y que se beneficia de algunos apoyos especiales para actuar.
En el contexto legal internacional actual, es imposible ofrecer a los miembros de las FARC una amnistía tan amplia como la que se dio al M-19: es preciso mostrar a la comunidad internacional que los delitos de guerra y de lesa humanidad no quedaron impunes y que los derechos de las víctimas a la justicia han sido satisfechos, al menos en algún grado aceptable, para evitar el riesgo de que el acuerdo sea demandado con éxito ante la Corte Penal Internacional y otras instancias. Esto lleva al sistema de justicia "transicional" que se describe más adelante, y a la búsqueda de una refrendación ciudadana del acuerdo: si el sistema tiene la sanción de los electores, se puede argumentar que cuenta en principio con la aceptación de las víctimas.
Dados los antecedentes de violencia contra la Unión Patriótica, el partido creado por las FARC en 1985, en medio de una negociación anterior de paz, y miles de cuyos miembros fueron asesinados en los años siguientes, el acuerdo se esfuerza por establecer mecanismos para garantizar la seguridad de los guerrilleros que se desarmen y de los miembros del nuevo partido político.
Por último, aunque el acuerdo parte de la idea de que la negociación es para lograr el abandono de las armas y el fin del conflicto armado, y de que la transformación que el país requiera debe ser el resultado de la confrontación política pacífica dentro de las reglas democráticas, aborda dos temas especiales por la relación muy estrecha que han tenido con el conflicto armado en las últimas décadas: el problema de la tierra y el del tráfico de drogas.