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La aprobación por parte del Parlamento marroquí de una Ley fijando las “aguas territoriales y la Zona Económica Exclusiva de Marruecos” en su fachada atlántica, ha desatado una gran polémica en España, incluso previo a que el Gobierno de Rabat presentase el proyecto de Ley al Legislativo.
En contra de todo lo que se ha escrito y difundido por los medios audiovisuales, no existe ninguna base de conflicto real entre Marruecos y España en lo que respecta a la llamada Zona Económica Exclusiva (ZEE) que se extiende desde tierra firme y que no debe exceder las 200 millas náuticas, según lo reglamentos internacionales de derechos del mar, concretamente la Convención Bay aprobada en 1982 y a la que España adhirió en 1997.
Este falso problema de litigio entre Marruecos y España, surgido en referencia a las islas Canarias, se debe a la ambigüedad de la legislación española en cuanto a las aguas canarias. Ambigüedad que se limita exclusivamente a la manera en cómo se delimita el mar territorial canario, si considerando que se trata de un archipiélago unido o de islas consideradas como individualizadas o por grupos. Esta ambiegüedad afecta a la delimitación de las aguas interiores, pero de ninguna manera a la ZEE.
El problema de la demarcación marítima interior en el archipiélago canario se puso de relieve cuando la compañía REPSOL obtuvo autorización del Gobierno español para buscar recursos petrolíferos off-shore en aguas canarias. Marruecos protestó porque dichas aguas no estaban claramente delimitadas, y realizó sus propias prospecciones no lejos de las de REPSOL. El conflicto no fue a más, ya que años después, la compañía petrolera española abandonó el proyecto al no encontrar recursos rentables.
El “problema” actual, sin embargo, es otro. El Tribunal Supremo español dictaminó una sentencia del 2 de Marzo de 1993 en la que afirmaba que “no se admite el principio archipielágico para medir la Zona Económica Exclusiva solo reconocido a los Archipiélagos Estado y no a los archipiélagos que forman parte de un Estado”. Según el máximo órgano del Poder judicial español, las islas Canarias no pueden pretender tener su propia ZEE; y mucho menos cuando ésta, en caso de existir, se superpondría con la Zona Económica Exclusiva de Marruecos, que se extiende hasta un máximo de 200 millas náuticas a partir de sus costas atlánticas.
Por esta razón, en ningún caso España puede pretender poseer derechos de explotación de los recursos minerales que esconde el volcán Tropic, que se sitúa muy al exterior de las aguas territoriales canarias.
La verdadera cuestión es la de saber si la decisión marroquí de reafirmar sus derechos sobre sus aguas territoriales y la ZEE en su fachada atlántica, será admitida o no por las instancias internacionales, ya que la delimitación de las fronteras marítimas ha sido hecha por el Gobierno de Rabat incluyendo las aguas de la región del Sahara Occidental, cuyo status definitivo aun no ha sido fijado por las Naciones Unidas.
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