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Respuesta:
El año 1810 marca el principio del fin del imperio español en América. De aquel inmenso
espacio que se extendió en sus momentos álgidos (reinado de Carlos III) desde Oregón y el delta
medio del Mississippi hasta el Estrecho de Magallanes (aunque parte de este territorio fuera más
una propiedad de iure que de facto), 15 años después no quedaban sino algunos jirones en el Caribe:
Cuba y Puerto Rico. En el año antedicho se organizan juntas gubernativas en diversas ciudades
hispanoamericanas (hubo precedentes en el año anterior en Quito y La Paz ahogados en sangre) y
en el territorio neogranadino estas juntas, cuya primera misión fue deponer a las autoridades
coloniales, se multiplicaron milagrosamente poniendo de inmediato sobre la mesa un problema muy
grave que bastante pronto tendría reflejo en el debate político constitucional que transcurre paralelo
a las luchas de independencia: las juntas nacidas se expresaban no en nombre del territorio virreinal,
sino en nombre de sí mismas. Es decir, si una ciudad proclamaba un gobierno propio, lo hacía
asumiendo en plenitud la soberanía de modo que no dependía de nadie aunque en la mayor parte de
los casos esta soberanía era proclamada invocando el nombre de Fernando VII, al que se continuaba
considerando rey legítimo.
En honor a la verdad hay que reconocer que las autoridades españolas de la metrópoli, muy
desconfiadas con respecto a tales iniciativas, habían ayudado a que los hechos se precipitaran con
irresponsables e ingenuas declaraciones que, desde luego, pretendían resultados diferentes a los que
se obtuvieron. La proclama enviada por la Regencia a las colonias americanas el 14 de febrero de
1810 era toda una invitación a que cada territorio hiciera lo que quisiera aunque tal no fuera su
intención: