Respuestas
Respuesta:
1. “Que se garantice la tranquilidad y la autonomía a la que tienen derecho las comunidades afro e indígenas, la cual ha sido manifestada desde 1999 en su Declaración por la Vida y la Paz”.
En ese documento, los pobladores de Bellavista, la cabecera municipal de Bojayá, denunciaron que en sus territorios se estaban cometiendo asesinatos selectivos, desapariciones y desplazamientos forzados, secuestros, intimidaciones, violencia sexual, amenazas, señalamientos, torturas; robos de motores, botes, víveres y combustibles, y restricciones a la movilidad y al transporte de alimentos, medicinas y combustibles.
Por eso, le pidieron a la guerrilla y a los paramilitares que les respetaran la vida, no los involucraran en el conflicto y no los señalaran de pertenecer al bando contrario. A cambio, se comprometieron a no participar en la guerra.
Hoy, la vigencia de la declaración es indiscutible, toda vez que en la región hacen presencia bandas criminales y unidades del Eln.
2. “Se identifiquen los restos de las víctimas acaecidas entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2002, su entrega individualizada a cada familiar y la construcción de un panteón propio para su digna sepultura, al tiempo que sea una expresión de la construcción de memoria”.
En opinión de Leyner Palacios, integrante del Comité, “esta situación no deja estar tranquila a nuestra gente y le impide entrar de lleno en un proceso de reconciliación”.
3. “Se brinde atención médica idónea e inmediata para los 110 lesionados sobrevivientes del 2 de mayo de 2002 y demás garantías que correspondan a su rehabilitación”.
Leyner Palacios asegura que “todavía tenemos personas con cicatrices y hendiduras, que todos los días se quejan de dolor y que no están siendo atendidas”.
4. “Se establezca en el antiguo poblado de Bellavista, donde aún permanecen la capilla y las casas misioneras, un centro regional de memoria de las víctimas, para que sea un escenario de reflexión, formación y divulgación sobre los hechos”.
5. “Se ponga en marcha un proyecto de educación superior en Bojayá, con el concurso de las universidades de esta región en alianza con otras instituciones que se consideren necesarias”.
Ello, porque en el departamento del Chocó, en todos los municipios distintos a Quibdó (la capital), la cobertura en educación superior es del 1,58%. En 2014, el Ministerio de Educación encontró que 41.306 chocoanos de entre 17 y 21 años, que representan más del 98% de la población del departamento en ese rango de edad, se encontraban por fuera del sistema educativo.
6. “Se habilite un fondo de becas de educación superior para las víctimas”.
7. “Se reconozca al pueblo de Vigía (del Fuerte) como víctima de los mismos hechos, abriendo con ellos los procedimientos de concertación necesarios para garantizar sus derechos”.
8. “Se conozca la verdad sobre una serie de asesinatos que aún permanecen en la impunidad, y que se han registrado en un listado que se entregará posteriormente”.
Para las víctimas de Bojayá es necesario saber quiénes, cómo y por qué asesinaron a cientos de personas en el Chocó, cuyos cuerpos fueron arrojados al río Atrato. Según Delis Palacios, “lo que queremos es que se le pueda decir a la gente realmente qué pasó y se le pueda contar al país que hubo todo ese poco de muertos”. En su opinión, la Comisión de la Verdad que pactaron el Gobierno y las Farc en Cuba será un escenario ideal para que la guerrilla, el Ejército y los paramilitares den cuenta de la magnitud de esos crímenes.
En cuanto a la identidad de los muertos y los desaparecidos, las víctimas señalan que la Comisión de Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó cuenta con información valiosa al respecto, aunque insisten en la necesidad de que el Estado recopile y publique los datos de manera oficial.
9. “Que el reconocimiento de responsabilidades no se quede sólo en este acto público(…). Este acto debe significar el asumir la justicia transicional como una de las garantías que nuestros pueblos necesitan y que todos los hechos cometidos en nuestros territorios desde 1980 hasta el 5 de diciembre de 2015 no se van a repetir jamás”.
10. “Que el Gobierno y las Farc sigan dialogando y acordando lo referente al cese de hostilidades, que debe estar dirigido en favor de la población civil”.
11. “Discusiones sobre la tierra, sobre la reparación a víctimas y sobre reinserción, jamás pueden tomarse sin nuestra participación porque durante 533 años hemos sido víctimas de la mirada extractivista de nuestro territorio”.
12. “Que las Farc y el Gobierno se sienten en la mesa La Habana con una delegación indígena y con el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, para que escuchen las voces de estos pueblos que saben de paz duradera con justicia y con inclusión”.
Explicación:
esto fue lo que encontre