Respuestas
Explicación:
Un rasgo definitorio de las sociedades democráticas está dado por el modo en que resuelven
los conflictos que se derivan del ejercicio simultáneo de derechos que pueden colisionar
entre sí. El respeto a todos ellos en el marco de su adecuada jerarquización es un desafío
permanente, pero especialmente urgente para aquellos países que, como el nuestro, han
retomado el cauce democrático después de una larga pausa autoritaria.
Ello es especialmente relevante cuando se trata de derechos asociados al ejercicio de la
manifestación de reivindicaciones políticas o sociales por parte de sectores de la ciudadanía
que, por su particular exclusión del debate político público, requieren de espacios distintos
a los tradicionales para requerir al Estado la realización de ciertos derechos. Por lo mismo,
los Estados deben ser especialmente cuidadosos a la hora de desarrollar legislaciones que
puedan llegar afectar el derecho a la manifestación pública.
En ese marco se considera que debe analizarse con particular atención desde la perspectiva
de derechos humanos que compete a esta institución el proyecto de ley “que fortalece el
resguardo del orden público”1
presentado por el Poder Ejecutivo. En efecto, el 27 de
septiembre de 2011, el Presidente de la República envió al Congreso Nacional dicho
proyecto de ley que consta de cuatro artículos, cada uno con modificaciones a diferentes
cuerpos legales. Respecto de las motivaciones del proyecto, destacan las que aparecen para
la nueva tipificación del delito de desórdenes públicos. Según el Mensaje Presidencial, ella
responde al contexto de manifestaciones estudiantiles que se han desarrollado durante el
año y a que “la redacción del artículo 269 del Código Penal no responde a los fenómenos
sociales ni a los de desórdenes públicos que enfrentamos” dado qué “… los últimos
acontecimientos en nuestro país, han demostrado que el derecho a manifestarse
pacíficamente se ha visto limitado y restringido debido a la acción de personas ajenas a las
causas que ellas expresan, las que actúan violentamente”.
El proyecto surge en un contexto en que se han desarrollado masivas manifestaciones por
parte de diversos grupos y sectores de la sociedad chilena. En el marco de esas protestas se
han producido actos delictivos por parte de grupos de personas y, asimismo, se ha
denunciado la existencia de restricciones indebidas al ejercicio de derechos fundamentales